Venezuelan Attorney General Tarek William Saab on Monday presented testimony from migrants arbitrarily detained in the US and then shipped to the infamous “anti-terrorism center” CECOT in El Salvador.

In the statements, men who had been held at CECOT described torture conditions including beatings, sexual abuse, rotten food, and being forced to undergo medical procedures without anesthesia.

In the testimonies, several of the former detainees showed bruises on their bodies, marks of being shot with rubber bullets, or beatings, and one had a split lip. They claimed they were also tear-gassed in their cells for speaking to prison officials and forced to drink filthy unsafe water.

The men had no access to lawyers or any way to contact relatives. The last time many of them were seen was when Bukele’s government issued photos of them arriving at the prison shackled, verbally and physically abused, and with their heads shorn — a video shared by both US President Donald Trump, and US Secretary of State Marco Rubio.

Saab promised an investigation of conditions at the facility, saying some of the men tried to end their own lives rather than face continued torture.

Venezuelan President Nicolas Maduro also commented on the swap in statements on national television. “We have rescued the 252 Venezuelans from the concentration camps, who were savagely tortured, we brought one who lost a kidney due to the beatings", said the Chavista leader.

"These Venezuelans were kidnapped in the United States and taken to El Salvador without having committed any crime in that country. Migrating is not a crime, kidnapping and torturing migrants is. Sooner or later there will be justice with Bukele for what they have done," he continued.

Venezuela is under a Hague investigation for holding political prisoners under torture conditions, accusations often raised by Venezuelan opposition politicians and Washington.

The United States accused 252 Venezuelans deported to El Salvador of belonging to the Train de Aragua, a Venezuelan-born criminal gang that President Donald Trump declared a “terrorist organization,” without evidence.

The president invoked a 1798 Alien Enemies Act to expel the Venezuelans, who were arrested arbitrarily in the US, in March on an expedited basis.

The men were traded for 10 US citizens detained in Venezuela and the release of an undisclosed number of Venezuelan political prisoners.

In public statements Rubio described the detentions as “arbitrary.”

He’s right. Venezuela often arbitrarily detains foreign nationals to use as bargaining chips, and often conducts prisoner swaps with Washington.

A shame his government has stooped to using the same tactics.

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Hasta pronto, piratas!

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lleva semanas enzarzado en una pelea pública con la principal organización de defensa de los periodistas del país, la Fundación para la Libertad e Independencia de la Prensa (FLIP).

No es la primera vez que Petro pasa a la ofensiva contra los periodistas o la FLIP. Pero el catalizador de esta última pelea entre el hombre más poderoso de Colombia y una de las pocas organizaciones que protegen a los periodistas en un país que se sitúa en el tercio inferior de las libertades de prensa en todo el mundo fue una serie de artículos sobre la supuesta corrupción de ex miembros del gabinete de su administración.

En Twitter, Gustavo Petro calificó los artículos como "periodismo del Mossad", sugiriendo que la periodista que los escribió, María Jimena Duzán, estaba involucrada en una campaña coordinada de desinformación para dañar a su gobierno. También pidió a la FLIP que persiga a los periodistas que publican lo que él ha llamado a menudo "fake news" (noticias falsas), un término popularizado por el expresidente estadounidense Donald Trump.

El 26 de junio, la FLIP emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por los señalamientos que Petro ha emitido contra medios y periodistas que investigan presuntos actos de corrupción de personas cercanas a su equipo de gobierno.

"Reiteramos nuestra preocupación por la estrategia que mantiene el presidente Gustavo Petro de desprestigiar y estigmatizar la labor de los periodistas y medios de comunicación que vigilan la gestión de su gobierno, desconociendo así su obligación como mandatario de propiciar un clima óptimo para el ejercicio de la labor periodística", señaló la Fundación.

Ser periodista local en Colombia es un trabajo mortal

Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, especialmente para los locales que investigan los nexos entre grupos criminales y políticos en zonas asoladas por el conflicto. En los últimos 19 meses han asesinado en Colombia a cinco de estos periodistas, en represalia por su trabajo. Otros dos asesinatos de periodistas están siendo investigados por circunstancias menos claras.

Pero en lugar de retractarse de sus comentarios tras la declaración de la FLIP, Petro redobló la apuesta con nuevos ataques públicos. A partir de ahí, miles de mensajes desinformando o estigmatizando a la FLIP fueron enviados por seguidores del presidente, influenciadores digitales, congresistas de su partido (Pacto Histórico) y funcionarios designados por el gobierno, algunos de los cuales Petro amplificó en su cuenta de Twitter.

En los días siguientes, sugirió que debido a que uno de los fundadores de la FLIP, que no forma parte de la organización desde hace más de 20 años, ha sido acusado de vínculos con organizaciones paramilitares, la FLIP debe ser intrínsecamente corrupta. También se refirió repetidamente a los periodistas que se oponían a las falsas acusaciones como "neonazis".

También afirmó, falsamente, que la organización nunca había hecho pública una declaración condenando la muerte de 158 periodistas en Gaza. Sí lo han hecho.

Cuando los periodistas de todo el espectro político empezaron a unificarse en torno a la FLIP, redobló los ataques en lugar de dar marcha atrás. Durante una tormenta de tweets de 5 días sobre el tema, atacó públicamente a un periodista independiente que escribe para el periódico de centro-izquierda El Espectador que estaba tratando de aclarar la confusión, y calificó las falsas acusaciones de peligrosas.

Las acusaciones llevaron a algunos de los millones de seguidores del presidente a acosar, y a veces incluso amenazar, a periodistas que han hablado claro sobre la libertad de prensa en el país.

La lucha se internacionaliza

"Creo que esta indignación popular proviene de un malentendido fundamental sobre lo que hace la FLIP", dijo Adriaan Alsema, editor y fundador de Colombia Reports.

"Todos los días, la organización ayuda a periodistas de zonas en conflicto a solicitar protección al Estado, entrega chalecos antibalas y cascos a quienes cubren disturbios y altercados civiles, proporciona recursos jurídicos a periodistas acusados de difamación por políticos corruptos" y otras acciones que ayudan a periodistas que se enfrentan a amenazas físicas o jurídicas, incluido dinero para hoteles y viajes cuando los periodistas locales que se enfrentan a amenazas inmediatas se ven obligados a huir como consecuencia de su trabajo, declaró a PWS.

A medida que se intensificaba la batalla pública, instituciones de dentro y fuera del país emitieron comunicados en los que expresaban su preocupación por las acciones de Petro. La Fundación Paz y Reconciliación (PARES), una ONG colombiana que aboga por la implementación de la paz en Colombia, emitió un comunicado en el que recordaba al presidente que "la FLIP tiene una larga trayectoria en la protección de periodistas sin importar quién sea el presidente".

Reporteros sin Fronteras (RSF), ONG internacional que hace un seguimiento de la libertad de prensa en el mundo, ha manifestado que la organización "rechaza categóricamente" las declaraciones de Petro, así como "cualquier acoso" a periodistas.

El Comité para la Protección de los Periodistas, (CPJ, por sus siglas en inglés), también emitió un comunicado en el que expresaba su preocupación por que "el discurso estigmatizador de Petro contra la prensa y los periodistas anime a otras autoridades y a sus partidarios a hacer lo mismo, poniendo en riesgo las investigaciones sobre asuntos de interés público."

Petro no respondió inmediatamente a las declaraciones.

Libertad de prensa en Colombia

Colombia lleva mucho tiempo luchando contra la libertad de prensa, no sólo por las amenazas físicas de los grupos criminales, sino también por la opresión institucional del Estado colombiano. Según RSF, el país ocupa el puesto 119 de 180 países del mundo.

Además de la represión física, que ha incluido escuchas telefónicas a periodistas por parte de los servicios de inteligencia y agresiones físicas bajo anteriores gobiernos, RSF también identifica el control hegemónico de los grandes medios de comunicación corporativos propiedad de donantes de derechas como un problema para la libertad de expresión.

Algunos de esos medios de comunicación, en particular columnistas de grandes medios de propaganda de la derecha, han publicado artículos de opinión poco fundamentados en los que lanzan acusaciones descabelladas contra la administración Petro.

"Hay buen periodismo y mal periodismo, como en todas las profesiones, dijo Ana Cristina Restrepo, presidenta de la junta directiva de la FLIP. "Pero la libertad de prensa es una marca de la democracia".

Laura Bonilla, subdirectora de PARES, dijo que la misión de la FLIP "no es controlar la prensa, ni su calidad, sino defender la libertad de prensa".

"Es cierto que Colombia ha tenido unos medios de comunicación muy complacientes con el poder, pero al mismo tiempo periodistas valientes, honestos y éticos", han arriesgado sus vidas para denunciar las fechorías del Estado.

La libertad de prensa bajo Petro ha mejorado en comparación con el anterior gobierno de Iván Duque, criticado por la represión policial generalizada de periodistas durante un paro nacional en 2021 (fenómeno bien documentado por la FLIP), así como por el espionaje a periodistas críticos con su administración.

Cuando Duque dejó el cargo, el país ocupaba el puesto 134 en el ranking mundial, una posición que Petro ha mejorado, en contraste con anteriores gobiernos en Colombia, simplemente por no agredir físicamente a los periodistas.

Pero el riesgo es que la estigmatización y demonización de toda la profesión periodística por parte del Gobierno Nacional envíe una señal de impunidad para las acciones contra los periodistas como individuos, revirtiendo esos logros.

Petro prometió en campaña acabar con estas prácticas. Ahora tiene la oportunidad de hacerlo. O podría adoptar la estrategia de los hombres fuertes de América Latina, como Bukele y Ortega, que intimidan a las voces críticas, a veces hasta el exilio.

La elección es suya.

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¿Por qué una persona viajaría a través de todo un continente por la ruta migratoria terrestre más peligrosa del mundo, enfrentándose a peligros naturales y no sólo a grupos criminales, sino también a fuerzas del orden y funcionarios de migración corruptos?

¿Qué inspira a una persona a empacar toda su vida, dejando atrás amigos y familiares, para buscar un futuro mejor a miles de kilómetros de distancia a pesar de las enormes barreras legales, físicas y logísticas que se han erigido para impedirlo?

Las respuestas a estas preguntas son tan variadas como las personas que emprenden el viaje.

Para Jaime Chomba, un ex cocinero que se convirtió en taxista después de que las extorsiones impuestas a su pequeño restaurante de Guayaquil (Ecuador) le obligaran a cerrar las puertas, fue una de demasiadas experiencias cercanas a la muerte.

En los últimos años, Ecuador ha vivido un aumento de la delincuencia, pasando de ser un oasis relativamente tranquilo en América Latina a uno de los países más peligrosos de la región, un fenómeno que se ha centrado en la ciudad portuaria de Guayaquil, asolada por el crimen.

Jaime fue secuestrado dos veces por bandas que pretendían cobrar un rescate. También le robaron dos veces el taxi en dos incidentes no relacionados. Las dos veces tuvo la suerte de recuperarlo: la primera porque el ladrón murió de un disparo mientras lo conducía en un enfrentamiento con otra banda, y la segunda porque el ladrón huyó del vehículo en un control policial a las afueras de la ciudad.

Jamie es originario de Loja, una pequeña ciudad del sur del país, pero se trasladó a Guayaquil hace 6 años en busca de mejores oportunidades. "Al principio quería ser policía", me dijo en un campamento de migrantes al borde del Tapón del Darién la noche antes de partir de viaje por el paso selvático que separa Panamá de Colombia.

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"Presté servicio en el ejército, así que pensé que sería fácil", dijo. "Pero luego me di cuenta de que la policía de Guayaquil también son delincuentes. Allí no hay nadie del lado de la gente. La verdad es que no".

Tras el segundo secuestro, del que consiguió escapar huyendo de un sótano del barrio obrero donde lo tenían retenido y corriendo por tejados de chapa ondulada mientras sus captores lo perseguían, decidió que no quería que sus hijos crecieran en un entorno donde la violencia es simplemente un detalle de la vida cotidiana.

"Quiero ir a Nueva York", dijo. "Quiero volver a ser chef. Quiero criar a mis hijos allí". Viaja solo. Espera enviar a buscar a su familia cuando se haya establecido en Estados Unidos. En su teléfono tiene escritos los nombres de sus hijos. "Así me acuerdo de llamarlos cada vez que puedo", dice.

"¿Cree que podré pedir asilo?", me pregunta. Esta pregunta me la hacen a menudo. Llevo casi una década cubriendo fronteras y nunca sé cómo responder con sinceridad. Muchas de las personas que conozco no lo logran. Aunque siempre doy a la gente que conozco mi información de contacto, muchos más simplemente pierden el contacto. A algunos les roban. A otros los asaltan. Todos son extorsionados tanto por delincuentes como por funcionarios de migración.

"No soy abogado", digo tras dudar un momento. "Pero para ser honesto creo que es un poco difícil en este momento". Biden ha endurecido considerablemente las normas de asilo, imponiendo políticas que ni siquiera Trump pudo en un intento de frenar las llegadas a la frontera. Y los jueces de migración tienden a enfatizar las amenazas contra la vida de alguien por parte de actores estatales en lugar de grupos criminales, aunque en realidad a menudo hay poca diferencia entre ambos.

Es una lección que Jaime ya aprendió antes de llegar a Colombia en autobús. Pero eso no impidió que la policía colombiana le cobrara una "tasa de entrada" en un puesto de control migratorio de Cali, a pesar de que no existe tal tasa.

"Después de registrar mis pertenencias, me dijeron que tenía que pagar", dijo. "Cuando pregunté cuánto, uno de los agentes cogió todo el dinero en efectivo de mi cartera, diciendo 'con esto es suficiente'".

Me mantuve en contacto con Jaime a través de mensajes telefónicos durante todo su viaje. Fue extorsionado dos veces más por funcionarios de migración en Nicaragua y México. Robado en Tapachula, México, por otros migrantes, que estaban sin dinero y desesperados por continuar su viaje hacia el norte.

Sin embargo, tuvo suerte en el Tapón del Darién. Mientras otros migrantes me hablaron de haber visto cadáveres o de haber sido asaltados por bandas locales en el lado panameño, él cruzó la selva sin incidentes graves.

De todos los cientos de inmigrantes con los que hablamos, no sé por qué Jaime me impresionó especialmente. Tal vez fuera su actitud alegre y su cara de querubín, mientras contaba las historias de los robos en Guayaquil con humor y no con tragedia. Parecía tan positivo. Tan entusiasmado con la nueva vida que creía que les esperaba a él y a su familia en Nueva York.

¿Por qué personas como él tienen que enfrentarse a tales peligros simplemente para construir una vida mejor? La política, escrita por personas cómodas y bien pagadas a miles de kilómetros de distancia, le obliga a él y a innumerables personas a seguir una ruta migratoria que mata a cientos, si no a miles, cada año.

Y estas políticas de "disuasión" ni siquiera disuaden, sólo hacen que la migración sea más mortal. Del más de medio millón de personas que cruzaron el Tapón del Darién el año pasado, estoy seguro de que todas ellas habrían preferido comprar un billete de avión. No es que gasten menos cruzando el Darién.

Antes de fundar Pirate Wire Services, vivía en la frontera entre Venezuela y Colombia, en Cúcuta. Me pasaba el día hablando con inmigrantes. Me despertaba cada mañana mirando las montañas de Venezuela que marcan la frontera entre los dos países - un lugar que no podía visitar - un muro invisible creado por hombres y responsable de una increíble cantidad de sufrimiento.

Muros Invisibles. Así se llamaba un proyecto anterior sobre mi estancia en esas tierras fronterizas. Desde entonces he escrito cientos de artículos sobre migración y he hablado con miles de migrantes. Podría pensarse que, después de todo este tiempo, me he insensibilizado ante su sufrimiento, producto de una política insensata que no puedo cambiar.

Yo no. En todo caso, ahora estoy más enfadado que nunca por el sufrimiento que causan esas barreras. Como escribí hace unos años:

Las fronteras son lugares extraños. Deshumanizan por definición. Son construcciones artificiales creadas para restringir el paso de las personas. Son puntos de encuentro para los seres humanos más desesperados, así como imanes para los malhechores que buscan explotar a los más vulnerables.

Por ellos circulan toneladas de mercancías cada día, tanto legal como ilegalmente. Están pobladas por funcionarios severos, viajeros, refugiados, estafadores, ladrones, comerciantes y contrabandistas.

Las fronteras subrayan la necesidad humana de clasificar a unas personas como otras. Son los muros invisibles que creamos entre las naciones, los límites exteriores de la tribu.

Y en las que yo trabajo son feas, en todos los sentidos de la palabra.

La última vez que vi a Jaime se dirigía a la densa selva del Darién, sonriendo, como hizo durante todas las breves horas que pasamos juntos. Emocionado. Hizo el signo de la paz en la foto que le hice antes de marcharse.

La última vez que supe de él estaba en Ciudad de México. Le habían vuelto a robar. Esta vez a punta de navaja. Bromeó diciendo que sin duda perdería su teléfono antes de llegar a la frontera con Estados Unidos, pero que no me preocupara. Había anotado mi número de teléfono en un papel de su cartera y se mantendría en contacto.

¿Llegó a Nueva York? ¿Está vivo? Los mensajes que le envío ahora quedan sin entregar y sin leer. Me gusta pensar que sí. Que está trabajando en un restaurante de Brooklyn, Queens o Manhattan y ahorrando dinero para traer a su familia.

No estoy seguro. Pero estoy seguro de una cosa: sería afortunado si pudiera llamarle vecino allí. Su valentía, como la de la mayoría de los inmigrantes con los que hablo, es inspiradora. Como lo es su actitud ante la adversidad. La gente como Jaime es lo que más necesita cualquier comunidad: personas bondadosas y trabajadoras.

Nunca entenderé por qué construimos tantos muros invisibles para mantenerlos fuera.

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El Presidente Gustavo Petro ganó las elecciones en Colombia con la promesa de traer por fin la "Paz Total" a un país que ha sufrido más de medio siglo de conflicto interno. La semana pasada, Petro pidió en cambio "una ofensiva total" contra el grupo rebelde Estado Mayor Central (EMC).

¿Cómo pasó Petro de la retórica de la construcción de la paz a librar una guerra contra los grupos armados irregulares al estilo de sus predecesores presidenciales? En una palabra, antagonismo.

Después de que su agenda de construcción de paz sufriera una serie de reveses, Petro parece haber perdido la paciencia con algunos de los grupos armados que han sido parte de las negociaciones con el gobierno. El cambio se refleja no sólo en el tono de sus discursos, sino también en unas tácticas militares cada vez más agresivas.

El mes pasado, el gobierno anuló el alto el fuego y reanudó las acciones militares contra algunos batallones del EMC después de que atacaran comunidades indígenas en el suroeste del país. Desde entonces, una ofensiva militar del gobierno contra el grupo en el departamento del Cauca ha arrojado resultados desiguales y se ha saldado con la muerte de al menos 20 soldados colombianos.

La semana pasada, en medio de un duro enfrentamiento con el EMC, las fuerzas militares en retirada abandonaron los cadáveres de cuatro soldados, con la intención de volver a por ellos más tarde. Los militantes del EMC les quitaron las cabezas y "profanaron los cuerpos", según declaraciones de los militares.

Petro se mostró indignado en declaraciones públicas, pidiendo una mayor escalada militar. Describió al EMC como "asesinos del pueblo y narcotraficantes", a lo que el EMC respondió que Petro, al pedir una "ofensiva total está cerrando las puertas del diálogo y la paz", y "mostrando su verdadera cara".

EMC sufre una división

Mientras tanto, el EMC parece haber sufrido un cisma. El grupo, que se formó a partir de combatientes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016 del grupo rebelde con el Gobierno, está dirigido ahora por dos comandantes diferentes con dos objetivos muy distintos.

El EMC estuvo comandado durante mucho tiempo por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias "Iván Mordisco", que tenía un largo historial como líder rebelde de las fuerzas de las FARC antes de formar el EMC. El grupo es tan conocido por su liderazgo que los expertos y académicos que estudian el conflicto colombiano suelen referirse a él como "los chicos de Mordisco".

Y es Mordisco quien ha vuelto a la guerra contra el Estado colombiano con los batallones del EMC en el suroeste de Colombia. Pero los regimientos situados más al norte han roto con la estructura de mando y han anunciado sus intenciones de seguir negociando con el gobierno a cambio del desarme.

Eso deja a Mordisco solo, enfrentando una ofensiva militar que no tiene precedentes durante la administración Petro. Pero lo está haciendo desde el bastión del EMC, la zona del cañón del río Micay, en la región del Cauca donde el grupo es más fuerte.

La campaña ya ha resultado brutal para las fuerzas de seguridad. A largo plazo, es muy poco probable que Mordisco gane una guerra de desgaste contra las fuerzas del Estado, pero sobrevivir a las ofensivas de las fuerzas convencionales del Estado es exactamente lo que ha hecho durante toda su vida adulta.

Una campaña demoledora

Los combates han incluido el uso de artillería y apoyo aéreo por parte de las fuerzas de seguridad y también han acabado con la vida de al menos 15 combatientes del EMC.

El reciente incidente sobre los soldados abandonados ha provocado una batalla de relaciones públicas entre el EMC y el ejército. Los oficiales militares afirman que han recuperado los cuerpos, mientras que el EMC publicó una serie de mensajes y fotografías el 4 de abril contradiciendo esa información.

En comentarios públicos, Mordisco calificó las afirmaciones del gobierno de "mentiras para ganar la guerra". "Las FARC-EP custodiaron [los restos] y los entregaron a una misión humanitaria, ante el abandono, la descomposición y por respeto a sus familiares. No fueron profanados, fueron custodiados. Hay que tener honor militar", afirmaron.

Pero el gobierno hizo pública una grabación en la que, según ellos, un comandante de campo del EMC ordena la decapitación de los cadáveres abandonados.

Sin embargo, a medida que el conflicto se intensifica, a menudo es la población civil la que queda atrapada en medio. El departamento del Cauca ha sido durante mucho tiempo un epicentro del conflicto en la era posterior al acuerdo, y el EMC no es ni mucho menos el único grupo armado que opera allí.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) también está activo en la región, aunque por el momento mantiene un alto el fuego bilateral con el gobierno de Petro.

Según la organización de defensa de los derechos humanos Indepaz, el Cauca registró el año pasado el mayor número de asesinatos de líderes sociales y defensores de los derechos humanos, con 38 de los 188 casos contabilizados en Colombia. Además, en la región se libra desde hace tiempo un conflicto entre grupos civiles indígenas y los grupos armados que operan en la región.

"En el departamento del Cauca, los indígenas nasa que se oponen a los abusos cometidos por los grupos armados han sido amenazados, reclutados a la fuerza y asesinados. Los enfrentamientos entre grupos armados han dejado más de 6.500 personas desplazadas o confinadas", señaló Human Rights Watch en su informe mundial 2024.

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¿Es éste el final de la "Paz Total"?

En absoluto. En una entrevista concedida a PWS en mayo, Elizabeth Dickinson, analista principal para Colombia del International Crisis Group, declaró: "Algunos contratiempos son de esperar. Se trata de un plan increíblemente complejo y ambicioso".

"Es probable que algunos grupos se escindan", dijo en comentarios que ahora parecen premonitorios, "ya que algunos elementos deciden que prefieren continuar con las actividades criminales que negociar un desarme con el gobierno".

Pero esta ofensiva sí representa un cambio en las tácticas del gobierno. Cuando Petro llegó al poder, las fuerzas de seguridad solían conceder altos el fuego sin concesiones a cambio por parte de los grupos armados, muchos de los cuales simplemente aprovechaban la oportunidad para consolidar sus posiciones.

Sin duda, otros grupos del país están observando cómo las conversaciones en la mesa de negociación se producen junto con acciones militares agresivas para quienes se oponen a las fuerzas de seguridad.

El gobierno también ha reanudado las operaciones contra las AGC, la mayor estructura criminal del país, y Petro dijo en marzo: "Si no están dispuestos a desmantelarse, las fuerzas del Estado lo harán por ellos".

El ELN sigue en la mesa de negociaciones, a pesar de las tensiones sobre los protocolos de alto el fuego, al igual que otros "frentes" del EMC. Esto no es un golpe fatal para la "Paz Total".

Sin embargo, es un punto de inflexión que se aleja de la retórica y se acerca a las estrategias de administraciones anteriores que preferían las soluciones militares a las sociales, aunque esta vez acompañadas de ofertas de negociación.

Petro puede descubrir que esto da resultados. O puede que sólo sea un retroceso más en el camino hacia la paz de un país que lleva más de 60 años sumido en un conflicto de baja intensidad. Pero una cosa es cierta, todos los grupos criminales del país están observando de cerca el enfrentamiento entre Mordisco y el Estado colombiano.

Haití, bajo presión internacional y en medio del colapso político, nombró un nuevo consejo de transición, que eligió a otro primer ministro no electo. Ariel Henry, que tampoco había sido electo para ese cargo, se vio obligado a dimitir y permanece exiliado en Costa Rica. Ahora, el nuevo consejo se enfrenta a una serie de obstáculos para poder gobernar, entre los que destaca la falta de representación popular.

Y aunque se trata de un órgano nuevo, la mayoría de sus miembros han detentado cierto grado de poder en Haití en los últimos años.

Un grupo de caras no tan nuevas toma el poder

Entre aplausos, sonrisas y un brindis con champán, los nueve miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití juraron sus cargos en Puerto Príncipe el 25 de abril.

La ceremonia de juramentación debía realizarse en el Palacio Nacional, pero tuvo que llevarse a cabo en la oficina del primer ministro, conocida como Villa d'Accueil, en las afueras de Puerto Príncipe. ¿El motivo? Los alrededores de la sede del gobierno, como gran parte del territorio de la capital haitiana, están controlados por bandas y no por las fuerzas de seguridad.

Haití, el país más pobre del continente según el Banco Mundial, lleva sumido en crisis políticas desde su nacimiento en 1804. La inestabilidad es la marca de fábrica de una nación que vivió la invasión estadounidense en 1915 y las brutales dictaduras de François ‘Papa Doc’ Duvalier y su hijo, Jean-Claude, apodado ‘Baby Doc’, entre 1957 y 1986.

Las bandas que imperan hoy en el país son una especie de herencia del régimen de Duvalier. Para evitar la injerencia de las Fuerzas Armadas, ‘Papa Doc’ creó los ‘tonton macoutes’, una fuerza paramilitar personal cuyos objetivos eran aterrorizar a la población y perseguir a los opositores políticos.

Hoy, la cara pública más famosa de estos grupos armados, si no la más poderosa, es el ex policía Jimmy Chérizier, conocido como ‘Barbecue’ y líder de la banda G-9 y Familia. También es la cabeza visible de Viv Ansanm, la coalición que controla la mayor parte de Puerto Príncipe.

“O nos sentamos todos alrededor de la mesa, o la mesa será destruida con todos nosotros”, afirmó en declaraciones públicas tras la constitución del consejo.

Entre el 30 de abril y el 1 de mayo juraron sus cargos el presidente del CPT, Edgard Leblanc Fils, y el nuevo primer ministro, Fritz Belizaire. Días después, en respuesta, las pandillas sitiaron diversos barrios de la capital, incendiaron casas de residentes inocentes y se enfrentaron a las fuerzas policiales.

La violencia como vida cotidiana

“Yo defino Puerto Príncipe como 'calma tensa'. Muchos aquí dicen que el país nunca había estado en una crisis tan grave como ésta. Pero la violencia ya se ha normalizado en el país”, afirma Sandrine Exil, periodista colombo-haitiana.

Exil llegó a Puerto Príncipe a mediados de marzo para cubrir la situación del país, “pero hubo días en los que no podía salir a trabajar porque podía quedar atrapada en el centro de la ciudad”, cuenta a PWS.

Sandrine se aloja en la casa de su abuelo y admite que si bien “para nosotros, como extranjeros, esta violencia ha llegado a impresionarnos”, siente que cada vez más haitianos “están aprendiendo a vivir con ella”.

“Viven en piloto automático y tienen una capacidad de supervivencia impresionante. Saben más o menos por dónde se puede andar y por dónde no”, relata. “El problema realmente son los enfrentamientos”, batallas entre bandas que luchan por el territorio.

“Se engrosan las listas de muertes pero la vida continúa. La gente pierde sus casas pero tienen que seguir manteniendo y alimentando a familias numerosas”, lamenta. “La escasez alimentaria se vuelve también un problema”, ya que “así la gente tenga plata, el país lleva cerrado mucho tiempo y el 70% de los productos de una canasta básica familiar son importados” en lugar de producidos localmente.

Incluso tareas tan sencillas como ir a trabajar se han convertido en amenazas existenciales. “La gente no sabe si va a volver a su casa al final del día. Viven en la incertidumbre. Viven, duermen y trabajan entre sonidos de disparos, lo que también ha creado un enorme problema de salud mental”, afirmó.

Entre el 8 de marzo y el 9 de abril, unas 95.000 personas, entre ellas más de 19.300 niños y adolescentes, huyeron de sus hogares en la capital y sus alrededores en medio de continuos tiroteos entre bandas y fuerzas de seguridad.

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¿Acción sin representación?

Robenson Glésile es un activista haitiano y defensor de los derechos humanos. Llegó a Rosario (Argentina) en 2011, tras el terrible terremoto que sacudió su país. A la distancia, pero en contacto diario con su familia en Puerto Príncipe, desconfía de lo que pueda lograr la CPT en un contexto social tan dividido.

“Hay la sensación de que los haitianos no pueden dirigirse, esa es la imagen que están proyectando los dirigentes”, afirma, haciendo hincapié en los pésimos resultados obtenidos en los últimos años por la clase política tradicional, aliada con Estados Unidos y la comunidad internacional.

Él forma parte de una de las mayores diásporas en el continente. Una diáspora que, reconoce, se alimenta en parte de la idea de dejar atrás un país inviable. “A veces te cruzas con haitianos y no quieren hablar, no quieren saber nada. Si tienen familia, hablan con ellos, pero no se informan más. Hay una vergüenza de hablar de Haití, prefieren hablar de otra cosa, de otra vida”, dice.

Esta apatía política, explica, lleva a muchos comentaristas a “proponer soluciones fáciles, como instalar un dictador o matar a las bandas”.

“La política en Haití es muy violenta, pero reemplazar la violencia con violencia no sirve”, subraya, y lo repite para asegurarse de que se entienda: “No funciona”.

A partir de ello, duda que la CPT, que está considerando la posibilidad de negociar con grupos armados, tenga mucho éxito llegando a un acuerdo. “Negociar con las pandillas no es una opción. Es dar legitimidad a la violencia, porque no son grupos que estén reclamando algo, son grupos que tienen que pagar por lo que han hecho: violar mujeres, matar montones de personas. ¿Cómo vas a negociar con alguien así?”, se pregunta.

Glésile considera que el CPT está formado por “las mismas caras de siempre”, que han gobernado Haití durante mucho tiempo y que carecen de toda legitimidad electoral. “Siempre  digo que la alternativa sería crear algo diferente, que no tenga nada que ver con los que ya fracasaron. Se necesita gente nueva, a la juventud, pero no veo la chispa de un grupo nuevo con propuestas”, dijo.

Sandrine, por su parte, cree que “en el CPT no hay una representación clara ni dinámica del haitiano del día a día”, y que “sin esa inclusión no se puede llegar ni siquiera a crear una mesa de negociación con las pandillas”.

“[Los miembros del CPT] pertenecen todos a partidos políticos del país, han sido senadores o ministros en gobiernos anteriores”, dice. “No fueron elegidos democráticamente por los haitianos como representantes”.

“La población, la sociedad civil e incluso las pandillas han pedido a gritos una solución haitiana para los haitianos”, señala Exil, añadiendo que parte de los haitianos perciben el CPT como una forma de intervención de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otras fuerzas extranjeras.

Ambos coinciden en la importancia de recuperar la seguridad en el país y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. “Tienen que crear un clima de seguridad y también pensar en cómo organizar las elecciones. Pero sé que estoy pidiendo mucho a esa clase política”, concluye Glésile.

Los niños y padres que buscan justicia por delitos sexuales suelen ser revictimizados múltiples veces debido a la falta de coordinación entre los organismos y empleados del gobierno, por ejemplo, fiscales y trabajadores sociales. El gobierno y las autoridades judiciales de Colombia no han aplicado políticas para reducir la violencia sexual generalizada contra los niños, una práctica que sistemáticamente no protege a los niños e incentiva a sus agresores.

Durante décadas, el gobierno ha omitido implementar estrategias que permitieran a funcionarios, académicos o activistas recopilar los datos necesarios para trazar un panorama preciso del abuso y la explotación infantil. En consecuencia, un gran número de víctimas abandonan su búsqueda de justicia, que en algunos casos puede llevar más de una década, afirmó la secretaria ejecutiva de la ONG Alianza por Los Niños, Angélica Cuenca.

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¿Qué tan grave es la situación?

Entre 2018 y 2023, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses examinó a 119.324 niños y menores presuntamente víctimas de violencia sexual.

En un informe publicado en diciembre del año pasado, la oenegé Alianza por los Niños afirmaba que más de tres cuartas partes de los casos de violencia sexual denunciados en 2021 se produjeron en el domicilio del menor. En más de la mitad de los casos, los presuntos autores eran familiares de la víctima.

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Impunidad de la violencia sexual contra los niños

Según la base de datos de víctimas de la Fiscalía, desde 2018 solo 1.389 personas han sido condenadas por violencia sexual contra menores de edad. Esto es menos del dos por ciento de los niños examinados por profesionales médicos debido a presunta violencia sexual en el mismo período. Es probable que el número real de víctimas sea mucho mayor que el registro oficial, ya que por diferentes motivos no se denuncian todos los casos de violencia sexual. Esto es, especialmente, problemático en las zonas en las que las autoridades estatales han estado históricamente ausentes.

La falta de articulación estatal 

La cifra real de cuántos niños y niñas han sido víctimas de abuso sexual es una incógnita, pues la información que recopilan las autoridades es incompleta y rara vez se comparte entre las entidades, según alerta Alianza Por Las Víctimas. Por ejemplo, el número de menores de edad víctimas de violencia sexual atendidos por el Bienestar Familiar (ICBF) entre 2017 y 2022 es la mitad de las víctimas registradas por la Fiscalía, destacó la ONG en su informe de diciembre.

Esta falta de comunicación entre las múltiples instituciones agudiza la impunidad de los agresores. En muchos casos, las víctimas abandonan su búsqueda de justicia porque tienen que repetir varias veces su relato de los delitos sexuales presuntamente cometidos. Otro problema importante es el tiempo que tardan en responder la policía o el poder judicial.

Los informes de Alianza por la Niñez y de la Defensoría del Pueblo muestran que la Fiscalía en algunos casos necesita más de una década para llamar a juicio a un presunto abusador de menores. Según Cuencas, a menudo las víctimas son sacadas de sus casas por familiares o amigos debido al tiempo que se tarda en imponer medidas oficiales de protección que mantengan alejado a su presunto victimario.

A pesar de las reiteradas alertas a las autoridades aún no han presentado reformas que permitan un enfoque eficaz para prevenir o perseguir la violencia sexual contra los niños. Un ejemplo de ese triste panorama se presentó hace poco en Medellín, Antioquia, cuando Timothy Alan Livingston, de 36 años y de nacionalidad estadounidense, fue encontrado en una habitación de hotel con dos niños, inspiró una oleada de indignación generalizada en Colombia.

Livingston huyó del país antes de que pudieran presentarse cargos contra él. Y se une así a una larga lista de presuntos pederastas que han descubierto la impunidad de sus delitos. El presidente Gustavo Petro ha solicitado su extradición. Medellín necesita abordar el turismo sexual en el país, que es un problema real. 

Si Colombia quiere realmente proteger a los niños víctimas de abusos sexuales, necesita una mejor coordinación y transparencia entre los organismos gubernamentales, fiscales que investiguen a las víctimas en lugar de ignorarlas y un análisis más profundo de las cifras, que muestran que los abusos a menores tienen muchas más probabilidades de producirse dentro de la familia que a manos de un extraño.

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Ante la oleada de feminicidios en apenas dos meses del 2024, el movimiento feminista en Colombia se tomó las calles con fuerza el 8 de marzo.

Desde el mediodía del viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, las organizaciones feministas se dieron cita en diferentes puntos de Bogotá. El punto final era la Plaza de Bolívar en el centro histórico. El cierre de la noche prometía un concierto con varias artistas locales que, al grito de “América Latina será toda feminista”, culminarían una fecha de conmemoraciones y reivindicaciones. 

La preparación de la gran marcha en la capital empezó un mes antes, impulsada como desde hace cinco años por el proceso organizativo y de articulación feminista autónomo en Bogotá “Somos un Rostro Colectivo”. Cada ocho días, en diferentes lugares, se daban cita quienes de manera voluntaria quisieran hacer un aporte al evento. Todas podían poner un grano de arena. Algunas lo harían con fotografías, otras con sus saberes jurídicos, otras más con sus saberes gráficos. 

Este año la marcha del 8M tuvo como lema principal: “Con fuerza colectiva tejemos y defendemos la vida. Exigimos justicia y digna autonomía”. 

Las participantes reclamaban justicia para las víctimas de violencia de género en el país, ya que muchos de estos delitos suelen quedar en la impunidad. El Ministerio Público asegura tener registro de tres casos de violencia de género por hora en el país, en los cuales apenas el 10 por ciento de las víctimas tiene acceso a alguna ruta de justicia. Cuando se trata de casos con condenas los datos son más alarmantes. La misma entidad detalla que la impunidad en los casos denunciados roza el 98 por ciento.

Bogotá no fue la única con enormes movilizaciones. Los gritos de las colombianas se hicieron sentir en las principales capitales: Barranquilla, Cartagena, Medellín, Bucaramanga, Cali. En todas la convocatoria fue multitudinaria. De acuerdo con datos de la Alcaldía de la capital se habían contabilizado al menos 8,000 personas protestando.

Entre esas miles, la diversidad era notable y sobrecogedora. Mujeres con enormes vientres de embarazo, adolescentes en sus quinces, bebés de brazos y niñas agarradas de la mano de sus hermanas y madres. También, y a diferencia de años anteriores, había varones cisgénero, más de lo que se pensaría. Pero la multiplicidad era plena. 

Desde hace al menos tres años, el contingente de mujeres negras autodenominado bloque negro antirracista se ha tomado amplios espacios dentro de las protestas feministas. Este año tampoco faltó, pero además las mujeres con sus pañoletas negras y amarillas eran muchas más. “Lo feminista no te quita lo racista”, exclamaban en medio de vítores. 

Muy cerquita de ellas estaban las compañeras con experiencias de vidas trans y no binarias, que se han pronunciado contra espacios feministas porque han recibido insultos y violencia física en ediciones anteriores del 8M o el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Sin embargo, pese a esas acciones este año, decidieron participar, reclamar su espacio y exigir respeto. Lo consiguieron.

Junto a las compañeras negras y las trans, ondeaban banderas enormes de colores blanco, el negro, el verde y el rojo que formaban la bandera de Palestina. Ese viernes, en todos los bloques había alguna referencia al genocidio en Gaza y en contra de la ocupación israelí. Quedó claro que, para las colombianas, rechazar el genocidio en Palestina también es una cuestión feminista.

Daniela Villamizar es madre y asistió a la marcha con un letrero que decía “Los cuidados sostienen al mundo”. En diálogo con Ojalá, cuenta que su apuesta feminista es visibilizar las labores del cuidado que han sido feminizadas. “Debe ser una tarea del movimiento acompañar las maternidades y quienes están desde sus casas ejerciendo trabajos de cuidado sin ser remuneradas de ninguna manera”.

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Emergencia por violencia machista 

“Hoy por mí, mañana por todas”, “Aborta tu Galán [en referencia al apellido del alcalde]”, fueron unas de las cientos de pintas que quedaron en las paredes del centro de la capital. La acción directa estuvo muy presente no solo ese día, sino los siguientes, en los medios que hablaban de un supuesto vandalismo. 

El movimiento de mujeres en Colombia está furioso y con razón. 

El inicio del 2024 ha sido particularmente violento. En poco más de dos meses de lo corrido del año ya se han registrado al menos 32 feminicidios, varios de ellos se han vuelto virales por su nivel de sevicia. El año pasado la cifra ascendió a 525 víctimas, según la oenegé Observatorio Feminicidios Colombia. 

El cruento panorama persiste pese a que en Colombia hay un marco jurídico que sanciona las violencias basadas en género (Ley 1257 de 2008) y el feminicidio (Ley 1761 de 2015). La administración de Gustavo Petro se ha autodenominado feminista, e inauguró el año pasado el Ministerio de la Igualdad. Eso permitió que en el Congreso de la República se sancionara una ley que declaraba una emergencia por violencia machista. 

Pese a todas esas políticas públicas y leyes, las mujeres siguen siendo asesinadas, en su mayoría cuando ya han alertado del riesgo. Alrededor de la mitad de las víctimas de feminicidio son madres. Casi mil menores de edad quedaran huérfanes por ese tipo de crimen desde el año 2020. 

Ana María Granda es economista y trabaja para fomentar la economía del cuidado. Para ella el movimiento feminista, pese a la violencia estructural que viven en el país y sus debates internos, ha ido nutriéndose y creciendo abismalmente. 

“Hace cinco años que vengo asistiendo a estas actividades y esta vez vi muchos tipos de manifestaciones, mujeres trans, mujeres negras, sindicalistas; eso es un logro enorme, que en la ciudad sepan que es un día nuestro y para manifestarnos”, apunta Granda. Ella salió de su trabajo, agotada según cuenta, directamente a unirse a la marcha. Y se quedó hasta el final. 

La represión

Entre gritos de justicia el movimiento feminista se fue tomando el centro de la ciudad y, a medida que se iban acercando a la Plaza de Bolívar, la represión llegó. Desde el inicio, alrededor de un centenar de policías estaba en inmediaciones de las protestas. Cuando la tarde caía, también los gases lacrimógenos y aturdidoras. 

Para ese momento ya la luz natural era escasa y, sin saber por qué o quiénes dieron la orden, el escenario final que era la Plaza de Bolívar se quedó rodeada por agentes policiales. 

Por suerte, y gracias a los antecedentes del movimiento social en Colombia, había un equipo de mujeres defensoras de derechos humanos preparadas para hacerle frente a la represión. A los más vulnerables los sacaron rápido del lugar, dialogaron con la policía, y tenían sustancias para minimizar el impacto de los gases. 

Con todo, de a poco las manifestantes se fueron reagrupando. Se negaban a permitir que, de nuevo, el miedo les quitara su derecho a la calle y a exigir vivir sin violencia, esa misma que estaban ejerciendo. La Alcaldía horas después se limpió la culpa, al igual que el Gobierno Nacional. 

En televisión abierta, el presidente Petro respaldó las luchas de las mujeres, rindió cuentas sobre las políticas del gobierno en materia de género y pidió perdón por “no actuar con la celeridad que corresponde”.

En la ciudad de Medellín se presentó el caso más preocupante. Días después, la Alcaldía lanzó un cartel de búsqueda con los rostros de algunas de las manifestantes, tildándolas de vándalas y pagando una recompensa para conseguir su ubicación e identidad. 

En Antioquia, el departamento del cual Medellín es la capital, se han registrado 19 feminicidios desde el principio del año. Esto sin mencionar que la ciudad presenta una grave presencia de mafias dedicadas a la explotación sexual, en particular de niñas empobrecidas. La furia feminista en sus calles era de esperar. 

La mayoría de las mujeres que hablaron con Ojalá por mensaje desde Medellín coinciden en que el uso excesivo de la fuerza y la presencia policiaca empañó la esencia de la marcha y no tenía razón de ser. Muchas se han quejado ante las diferentes administraciones locales por no garantizar un espacio seguro para las niñas y jóvenes que salieron a las calles. 

En el medio nacional El Espectador se pronunció una de las mujeres criminalizadas por parte de la Alcaldía de Medellín. Su rostro era uno de los seis que aparecía en un cartel de búsqueda. 

En diálogo con ese periódico, señaló que marchó de manera pacífica por ella, que había sido abusada en varias ocasiones, y por el resto de mujeres que han sido violentadas. “Si antes salía con rabia a gritar, ahora más”, afirmó. “Voy a seguir con mi pañoleta morada hasta el final, así tenga miedo”.

Ante la fuerza represiva, emergió la fuerza de la unión y de la lucha. Tras el ardor de los gases y el temor de las aturdidoras, el pasado 8 de marzo las feministas colombianas se tomaron las principales vías, pintaron aquí y allá, se quedaron a oscuras en la plaza y permanecieron allí para culminar con baile la noche. 

Todas con la decisión firme de que juntas somos como olas: crecemos. 

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Pirate Wire Services ha informado anteriormente sobre el auge narco en Rosario, Argentina, donde sofisticadas pandillas han hecho incursiones en la ciudad en los últimos años. En octubre del 2022, explicamos cómo surgieron los grupos criminales, cómo crecieron en poder y por qué lanzaron una campaña de terror contra la prensa y los políticos.

Pero en la última semana, una oleada de asesinatos en la ciudad de Lionel Messi sumió a la urbe santafesina en un estado de parálisis y pánico total.

La ola masiva de violencia puede haber sido causada por un intento fallido del gobierno provincial de copiar las políticas y el estilo en las redes sociales de Bukele, presidente de El Salvador y autodenominado "dictador más cool del mundo mundial."

Los detalles son un poco confusos a primera vista. Por eso creemos que, antes de entrar en el análisis de la historia, lo mejor es exponer primero cronológicamente la aterradora secuencia de acontecimientos.

Bitácora del terror

Martes 5 de marzo

Alrededor del mediodía, las cuentas de Instagram del Gobierno de Santa Fe, del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, publican tres fotografías con el título “Cada vez la van a pasar peor” y con la canción “In the Eye of the Storm” de la banda de heavy metal Arch Enemy.

Las fotos muestran a presos semidesnudos y alineados al mismo estilo de las cárceles salvadoreñas de Bukele. Fueron tomadas luego de una serie de requisas en las que se hallaron “un número importante de celulares y elementos cortopunzantes”. El mensaje apuntaba contra los condenados que orquestan atentados violentos.

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23:00: El taxista Héctor Figueroa llega a la Zona Sur de la ciudad para dejar un pasajero. Segundos después, disparan nueve veces contra el vehículo del conductor de 43 años. El padre de dos niños que planeaba casarse con su pareja al día siguiente muere en el acto. Los asesinos dejan una zapatilla en la escena del crimen.

Miércoles 6 de marzo

23:00: El taxista Diego Celentano llega a la Zona Sur de Rosario para dejar un pasajero. Acto seguido, el Volkswagen Voyage recibe cinco disparos. El conductor de 32 años muere y, al lado de su cuerpo, se halla otra zapatilla. También casquillos de balas calibre 9 mm con las siglas PSF, asociadas a la Policía de Santa Fe. Los taxistas de Rosario anuncian una paralización de sus actividades hasta nuevo aviso.

Jueves, 7 de marzo

19:15: El chofer de colectivo Marco Daloia circula la Zona Oeste. Se detiene en el cruce de las calles Mendoza y México para recoger un pasajero. El individuo sube al bus de la línea K, desenfunda un arma calibre 380 y dispara a la cabeza del conductor de 39 años. El padre de tres niños es trasladado a un hospital.

22:00: Dos sujetos en una moto rocían gasolina e incendian un taxi estacionado en un punto de la Zona Oeste.

22:30: Dos sujetos en una moto disparan cuatro veces contra una estación de policía en la Zona Sur.

22:55: El sindicato de colectiveros de Rosario anuncia un paro indeterminado de sus actividades.

Sábado 9 de marzo

23:40: Un sujeto encapuchado irrumpe en una estación de servicio de la Zona Oeste. Ingresa a la garita del encargado y le dispara dos veces al pecho y una a la cabeza. Bruno Bussanich, de 25 años, muere unos minutos después del ataque. Las autoridades, al llegar, descubren una nota del asesino:

“Esta guerra no es por territorio, es contra Pullaro y Cococcioni. Así como nosotros llegamos a 300 muertos, estando unidos vamos a matar más inocentes por año. Nosotros no queremos celulares, queremos nuestros derechos. Ver a nuestros hijos y familia y que se los respete. No queremos negociar nada. [...] Pullaro y Cococcioni, carguen con muertes inocentes. Atentamente: Zona norte, Zona Sur, Zona Oeste, unidos”.

Las estaciones de servicio anuncian que no trabajarán entre las 22:00 y 6:00.

Domingo, 10 de marzo

13:30: El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez informa el fallecimiento del colectivero Marco Daloia.

20:50: En distintas zonas de la ciudad, miles de rosarinos realizan un “cacerolazo” —golpear el fondo de una olla o sartén desde una ventana como acto de protesta— contra la violencia narco. La manifestación se prolonga hasta por 20 minutos en algunos barrios.

Lunes 11 de marzo

La ciudad amanece sin transporte público, ni taxis, con las escuelas cerradas y con escasa actividad comercial.

9:00: El presidente argentino, Javier Milei, dice en una entrevista que su gobierno “está acorralando a la droga y el narcotráfico” en “una guerra sin cuartel”. El ultraderechista también culpó al socialismo provincial por la violencia reciente: “Haberles dado tanto crédito a los socialistas no es gratis, todo lo que tocan lo destruyen”.

Ese mismo día, los gobiernos nacional y provincial anunciaron un plan excepcional de seguridad para Rosario. Desde la ciudad, la ministra de Seguridad del país, Patricia Bullrich, resaltó el envío de un contingente de fuerzas de seguridad federales, además del despliegue de asistencia militar en las operaciones.

En ese contexto, los especialistas afirman que es poco probable que el sólo envío de fuerzas de fuerzas policiales y una eventual militarización resuelvan el problema de la violencia en Rosario.

Las consecuencias

Sergio M. Naymark, periodista especializado en Policiales de Radio Universidad Nacional de Rosario, dijo a PWS que "esta es la undécima vez desde 2014 que tropas federales llegan a Rosario". Nos contó que despliegues similares en el pasado no lograron frenar el creciente poder de las bandas narco, y que repetir nuevamente las tácticas fallidas "no ayudará a pacificar los barrios, sino a provocar y desafiar a quienes no tienen nada que perder, cumpliendo órdenes que —aún con todas las medidas impuestas dentro de las cárceles— seguirán recibiendo".

Porque, a esta altura, algo queda claro: las medidas tomadas contra los presos por narcotráfico, que fueron publicitadas en Instagram con un tema de heavy metal de fondo, no hicieron más que unir a los jefes de las bandas más reconocidas para, con cuatro asesinatos en cinco días, desactivar los taxis, el transporte público y las estaciones de servicio de la tercera ciudad más importante del país.

La jugada salió tan mal que hasta el ministro de Seguridad de Bukele, Gustavo Villatoro, llamó a Bullrich el domingo pasado y le dijo, con tono cortés: “Es un error muy grave lo de la foto, están equivocados; eso sólo lo puedes hacer cuando las bandas ya están neutralizadas y tienes el control total de la calle”. Algo que claramente no ocurría en esta ciudad.

Para aumentar la confusión, las fuerzas militares han advertido que sus órdenes sobre lo que realmente deben hacer no son claras. De acuerdo al diario La Nación, un general retirado advirtió que “no aparece claro un marco legal que avale la intervención de los militares en esta operación”.

Naymark explica que “las Fuerzas Armadas, más que con efectivos, participarán con móviles y logística, ya que la Ley de Seguridad Interior no les permite actuar en la cuestión narco”, y consideró que “su presencia será parte de una nueva y repetida puesta en escena que no dará más resultado que una posible baja en la tasa de homicidios dolosos”.

Al mismo tiempo, fuerzas castrenses retiradas reconocen, sin identificarse, que “el fantasma de los juicios y condenas” por la represión de la dictadura militar de los años 70 “aún está vigente” y que, “sin el marco legal adecuado y sin reglas de empeñamiento claras y aprobadas por el poder político, es una locura”.

¿Vuelta a una normalidad?

Rosario, desde el martes 12 de marzo, intenta retomar sus actividades: las escuelas abrieron, los colectivos retomaron sus actividades y los taxis circulan cada vez con más frecuencia. Las estaciones de servicio permanecen cerradas durante la madrugada. Es notorio el aumento de fuerzas policiales, sobre todo en las principales avenidas de la ciudad.

Pero basta caminar unas cuadras para darse cuenta de que las cosas no han vuelto a la normalidad. El tema de conversación recurrente son los ataques de la semana pasada y el peligro que implica andar por calles poco concurridas, principalmente en las zonas del sur y oeste.

Para Naymark, hasta que “no se diriman las condiciones de detención de los presos de ‘alto perfil’ dentro de las prisiones, la ciudad seguirá expuesta a cualquier tipo de respuesta por parte de las bandas que, con sus terceras o cuartas líneas aún empoderadas y con gran cantidad de armas en su poder, seguirán dirimiendo el negocio de la venta de drogas con la venia de cierto sector de la policía que también hace su juego y su negocio”.

Sin embargo, tal vez sea más obvio que imitar las políticas de una estrategia que funcionó contra las bandas de El Salvador no funcionan contra narcotraficantes más sofisticados con conexiones poderosas y policías en sus nóminas.

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Ya empezó la temporada de campañas políticas en México. El 2 de junio, les votantes elegirán nuevo Presidente, Congreso y Senado, así como miles de representantes locales. En esencia, esta elección puede reducirse a un voto a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador, cuyo papel como Presidente ha transformado el país desde su elección en 2018.

A nivel presidencial, la exalcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, es candidata del partido gobernante, Morena, que forma parte de una coalición con el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Su principal rival es Xóchitl Gálvez, que encabeza la coalición opositora formada por el dinosaurio político de México, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el derechista Partido Acción Nacional (PAN) y el nominalmente progresista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Un tercer candidato, Jorge Álvarez Maynez, se presentará por el partido Movimiento Ciudadano tras el intento fallido del gobernador de Nuevo León, Samuel García, de poner en pausa sus funciones de gobernador y hacer lo propio. 

Durante los últimos meses, las encuestas han colocado Sheinbaum muy por delante de su rival más cercana. Según una encuesta reciente, aventaja a Gálvez por al menos 20 puntos porcentuales. Si Sheinbaum perdiera en las urnas en junio, sería una sorpresa asombrosa. 

Como representante masculino simbólico (¡ja!), Álvarez Maynez no es un aspirante serio. Su partido, Movimiento Ciudadano, se está posicionando para ser relevante a nivel federal en 2030 (el partido ocupa actualmente la gubernatura de dos estados clave).

Con el inicio de las campañas, uno pensaría que hay pautas sobre la forma en la que los periodistas abordan las promesas de campaña, pero no, aparentemente todo vale. 

Así es como terminamos con periodistas que se consideran a sí mismos Escritores Sumamente Serios repitiendo el eslogan de campaña de AMLO “Abrazos no balazos” seis años después de su elección. Eso para insinuar que ha dejado de combatir los grupos criminales. (No es el caso, de hecho ha militarizado el país más allá de nuestras peores pesadillas).

Las promesas

Di una ojeada a las plataformas políticas de las dos principales coaliciones de México para hacerme una idea de cuáles son las principales promesas de ambos bandos en esta ocasión. Considérenlo un acordeón sobre las elecciones, haciendo a un lado el ruido y las promesas huecas.

Hay un par de áreas en las que ambas partes están de acuerdo. La principal es que México seguirá siendo un país orientado a la exportación, centrado en proporcionar mano de obra y recursos naturales baratos a empresas transnacionales (palabras mías, no suyas). 

Esto se refleja en ambas plataformas como apoyo al nearshoring y al corredor transístmico que cruzará el territorio más estrecho del país. Actualmente en construcción bajo el control de la Marina, el corredor transístmico es una parte clave de la renovación y promoción de una serie de centros logísticos y energéticos militarizados orientados al ensamblado y la exportación. 

Es casi seguro que México tendrá una mujer Presidenta el próximo año. Las plataformas de ambas coaliciones dedican mucho tiempo a las mujeres y al género como temas clave de campaña. 

En palabras de Raquel Gutiérrez Aguilar, con quien cofundé Ojalá, el hecho de que dos mujeres se presenten a la presidencia es una “traducción devaluada” del poder del vibrante movimiento feminista mexicano, un intento de cooptación en masa desde arriba.

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Obviamente, muchas mujeres y disidencias sexuales y de género no se lo creen, y están planeando otra movilización histórica el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

La coalición gobernante, que lleva el nombre de Seguimos haciendo historia, publicó una plataforma llena de iniciativas y promesas progresistas que, si se cumplieran (y es un gran “si”), conducirían a una transición energética verde, marcarían el comienzo de la igualdad y la justicia para todos, y financiarían la salud y la educación públicas. Este es el verdadero trabajo de las plataformas y campañas políticas: convencer al electorado de que marque su casilla.

Morena promete consolidar la Guardia Nacional “como un cuerpo de paz y una corporación policial de proximidad con presencia en todo el territorio”, así como la creación de una Agencia de Investigación Nacional dentro de la misma. La redacción en torno al control civil de la Guardia Nacional, que fue una promesa clave de campaña en 2018, es ambigua. En febrero. AMLO presentó una reforma constitucional para mantener la fuerza bajo control del ejército.

La plataforma de la oposición es similar: promete el sol, la luna y las estrellas a los mexicanos a cambio de su voto. Es documento es más de tres veces más largo que el programa de Morena, y a veces se desvía en largos comentarios sobre discursos importados de la derecha internacional, como el contenido de los libros de texto. 

A la coalición Frente Amplio por México no le falta creatividad. Califica al gobierno actual de “electodictadura” y promete restaurar una "perspectiva familiar" en la política.

Su plataforma reclama el “que las Fuerzas Armadas retornen a sus labores primordiales”, lo que quienes conocen la historia mexicana saben que significa volver a su papel de policía nacional fuertemente armada. La postura contra la militarización de la oposición contradice su propio historial en la materia.

Mientras que la plataforma de la oposición versa sobre muchos cambios progresistas que dicen querer hacer, menciona de pasada la introducción de impuestos regresivos, una política impopular que forzaría a millones de mexicanos en el sector informal a incorporarse a un oneroso sistema de impuestos sobre sus ingresos. La plataforma de Morena no menciona tal cosa, aunque los expertos dicen que la iniciativa de reforma sobre las pensiones propuesta recientemente por AMLO requerirá precisamente eso.

Campañas y política

Las campañas comenzaron el viernes 1 de marzo, y está por verse cómo se difundirán las propuestas de las plataformas de cada partido en los próximos tres meses. Aunque no se mencionó en la plataforma de 2018, uno de los ejes de campaña de AMLO fue resolver la trágica desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero (no lo hizo). 

Mi intuición es que, a lo largo de la campaña, la coalición gobernante hará todo lo posible por evitar hablar de militarización. Si eligen a Sheinbaum, es probable que el papel de las fuerzas armadas continúe expandiéndose, pero que se reconocerá menos abiertamente la expansión del alcance militar. Es una estrategia conocida, utilizada por el PRI cuando Enrique Peña Nieto llegó al poder tras el desastroso sexenio de Felipe Calderón. 

Peña Nieto suavizó sus declaraciones públicas sobre la lucha contra el narcotráfico, relegando el tema a un segundo plano y centrándose en la economía. Pero la violencia no se detuvo. A los dos años de su sexenio fueron desaparecidos los 43 estudiantes en Guerrero, y el núcleo podrido de la violencia producida por la guerra contra el narcotráfico quedó expuesto como nunca antes. 

Pero cambiar el mensaje y cambiar los hechos en la práctica son dos cosas muy distintas. Casi diez años después de Ayotzinapa, que sigue sin resolverse y con los 43 estudiantes todavía desaparecidos, está claro que minimizar las declaraciones públicas sobre la militarización, especialmente mientras se siguen desplegando decenas de miles de tropas para librar una guerra contra los pobres, significa que la violencia continuará.

Gracias por leer y nos vemos en las calles,

Dawn Marie Paley

Editora, Ojalá

El artículo de esta semana es de Mark Alexander, activista y escritor nicaragüense.

En 2019, me encontraba en un bus que se dirigía de la costa caribeña de Nicaragua a la capital. El viaje de Bluefields a Managua dura unas 6 horas, así que elegí el último asiento del bus para evitar la incomodidad de que la gente chocara conmigo al subir y bajar durante las paradas. Los turistas se refieren a estos vehículos como "chicken buses" y no son la opción más cómoda para alguien de más de 1,80 m como yo, ya que fueron diseñados para transportar estudiantes.

Mientras contemplaba el hermoso paisaje por la ventanilla del bus, una persona sentada a mi lado me preguntó: "¿Crees en Dios?". 

Le respondí con una sonrisa: "Bueno, me crié en una iglesia, creo en Dios. No creo en la religión organizada, aunque mi padre era pastor". La persona me miró con esa expresión de decepción a la que ya me he acostumbrado e incluso disfruto. Luego pasé a expresar mi disgusto por la falta de respuesta de la iglesia evangélica a la violencia gubernamental en el país y a la violencia de los colonos en el Caribe.

Unas horas después, el bus hizo la parada habitual en un restaurante donde los pasajeros pueden comprar comida, estirarse o utilizar los baños. Cuando el bus estaba casi vacío, un joven se me acercó y me dijo en un susurro: "tené cuidado con lo que les decís, ellos son grandes partidarios del FSLN [el partido gobernante de Nicaragua]". 

Resultó que viajaban a Managua para asistir a una convención con otros pastores evangélicos.

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Las ONG, iglesias y misioneros nicaragüenses dependen de la autorización del gobierno, por lo que no me sorprendió que esta iglesia evangélica en particular -la Iglesia Cristiana Sionista- haya guardado silencio o participado en la continua brutalidad y genocidio cometidos por los colonos contra los pueblos indígenas de la costa caribeña de Nicaragua.

"La gente olvida que el sionismo fue un proyecto cristiano evangélico antes que judío. Tenemos que centrarnos en ello. Tenemos que afrontarlo". - Ilan Pappé

El sionismo cristiano se remonta al menos a 400 años atrás y está vinculado a la creencia bíblica de que cuando el pueblo judío regrese a su patria se iniciará el fin de los tiempos y el regreso de Cristo.

El cristianismo evangélico ha abrazado en gran medida esta creencia, lo que ha llevado a muchos a apoyar incondicionalmente a Israel en los tiempos modernos, sobre todo en Estados Unidos, donde nació el evangelismo moderno.

En las últimas décadas, las iglesias evangélicas de Nicaragua se han expandido rápidamente. En una entrevista con la Christian Broadcasting Network (CBN) en 2016, líderes evangélicos afirmaron que más de la mitad del país se identifica como evangélico, en lugar de católico.

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El sionista cristiano Ralph Drollinger, fundador de Capitol Ministries, fue invitado por el gobierno nicaragüense a hablar en 2019 sobre su intención de establecer una nueva escuela cristiana en Managua con el objetivo de "enseñar la palabra de Dios a los líderes nacionales dentro de los pasillos del gobierno". Daniel Ortega invitó a Drollinger a dirigirse a la asamblea de la celebración de los 40 años de la revolución sandinista. Capitol Ministries dirige "ministerios de estudios bíblicos" en al menos 24 países. Drollinger también dirigió un grupo de estudio Bíblico dentro de la administración Trump.

Otra influyente organización sionista cristiana, la Asociación Evangelística Billy Graham, informó en agosto de 2023 que 24.000 personas asistieron a un "festival familiar" de dos días que organizaron en Matagalpa, una ciudad de sólo 163.700 habitantes.

Uno de los principales efectos del crecimiento de la iglesia evangélica ha sido que, en general, la mayoría de los nicaragüenses apoyan a Israel o creen en la descripción que hacen los medios de comunicación de este conflicto como uno entre Israel y Hamás. Por toda Nicaragua se pueden ver banderas israelíes y la estrella de David en todo tipo de objetos, desde joyas hasta vallas publicitarias y quioscos.

Mientras Israel sigue intentando exterminar al pueblo palestino, es crucial tener en cuenta que uno de los mayores aliados de Israel en América Latina es la iglesia evangélica. 

En un artículo del Jewish Policy Center, una publicación sionista, Mark Klugmann escribió:

"La megatendencia más importante en la inclinación de América Latina hacia Jerusalén es el auge de las iglesias evangélicas protestantes. Por ejemplo, tanto Honduras como Guatemala son mayoritariamente evangélicas, y para el presidente Jair Bolsonaro en Brasil, el apoyo evangélico fue esencial para su victoria". El interés de la República Dominicana por Jerusalén no se explica por el puñado de judíos que hay en ese país, sino por el apoyo de un activo electorado cristiano. Los evangélicos, apenas el 3 por ciento de América Latina en 1990, son ahora, según algunas estimaciones, el 20 por ciento, y puede que incluso más que eso."

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Nicaragua utiliza Palestina para ocultar sus propias atrocidades

Cuando el gobierno de Nicaragua restableció los lazos diplomáticos con Israel en 2017, los pastores evangélicos lo celebraron. En abril del  siguiente año, se desató un levantamiento nacional en el que los manifestantes exigían la renuncia del dictador Daniel Ortega.

El gobierno de Nicaragua, en su intento de reprimir las protestas, cometió una serie de atrocidades utilizando la brutal represión policial, con la ayuda de la "Juventud Sandinista" [personas vinculadas a la iglesia evangélica]. 

Otra de las respuestas por parte del FSLN, ante las manifestaciones, fue una campaña mundial de propaganda denominada "Nicaragua Quiere Paz".

Las cuentas de Twitter que apoyaban al gobierno nicaragüense compartían con frecuencia una foto de la activista palestina Ahed Tamimi con un cartel que decía: "Quiero la paz para Nicaragua." Irónicamente, mientras se utilizaba figuras palestinas para su campaña de relaciones públicas, el gobierno sandinista espiaba a los activistas utilizando tecnología israelí.

En febrero de 2024, el gobierno de Ortega anunció que creaba el Parque Palestina y rebautizaba una calle con el nombre de "Gaza" en solidaridad con el pueblo palestino. Muchos activistas palestinos se alegraron cuando el gobierno dijo más tarde que solicitaría participar en la acción contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El gobierno de Ortega parece encantado de apoyar a Sudáfrica desatando la fiera mansa de la ley internacional contra Israel, mientras devora a sus víctimas en Nicaragua.

Aunque el FSLN pretende apoyar a Palestina, el partido depende del silencio y la colaboración de la iglesia evangélica. Los sacerdotes católicos que inesperadamente apoyaron las protestas durante el levantamiento del 2018, han sido perseguidos y exiliados por la dictadura de Ortega, que proporciona apoyo financiero a los grupos evangélicos y, a cambio, los pastores evangélicos describen a Daniel Ortega como una víctima del "poder imperial" estadounidense. 

La postura pro palestina del FSLN fomenta la tensión entre los partidarios evangélicos y la oposición por igual. Para quienes están dispuestos a arriesgarse a criticar al gobierno, la postura pública de Ortega a favor de Palestina delata el apoyo público a Israel, un sentimiento reaccionario del tipo "el amigo de mi enemigo es mi enemigo". Por ejemplo, el difunto presidente venezolano Hugo Chávez, es visto como cómplice de la opresión del pueblo de Nicaragua debido al apoyo político y financiero hacia Daniel Ortega.

Mientras que los propagandistas y los que quieren oprimir intentan difuminar la línea entre colonizadores y colonizados, es nuestro deber colectivo actuar con claridad y denunciar la brutalidad donde sea que se produzca.

Este reportaje de PWS es obra de Adriaan Alsema, editor ejecutivo de Colombia Reports

La vicefiscal general de Colombia, Martha Mancera, que se convertirá en fiscal general interina el 13 de febrero, está protegiendo a un directivo de la fiscalía acusado de narcotráfico, según pruebas hechas públicas por el sitio web colombiano de noticias Revista Raya y el periodista Daniel Coronell.

Francisco Javier Martínez, alias "Pacho Malo", es el ex director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) en la ciudad portuaria de Buenaventura, en el Pacífico. El CTI es un equipo de investigación que forma parte de la Fiscalía General de la Nación e investiga delitos de narcotráfico, pero las investigaciones internas de la Fiscalía acusan al propio Martínez de narcotráfico.

O al menos lo hacían hasta que Mancera aplastó la investigación.

La presunta participación de Pacho Malo en el narcotráfico fue descubierta por tres agentes encubiertos que se habían infiltrado en su supuesta organización de narcotraficantes.

Uno de los agentes, Mario Fernando Herrera, informó formalmente de las acusaciones a su superior, el fiscal antinarcóticos Jaime Hernán Ocampo, el 25 de marzo de 2021.

En el documento de seis páginas, que ahora es público, Herrera dice que Pacho Malo le ofreció a uno de sus colegas encubiertos sus servicios para contrabandear cargamentos de cocaína de hasta 300 kilogramos a través de contenedores de contrabando en el puerto de Buenaventura, el más grande del país.

"Al obtener dicha información, se desplegaron procesos de verificación para establecer la veracidad de la información suministrada por el agente encubierto, la cual es creíble, y teniendo en cuenta el grado de peligrosidad concebida por el mismo, se consultaron fuentes humanas que residen y laboran en el municipio de Buenaventura y otras que han suministrado información relevante sobre hechos ocurridos en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, y que es jefe del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y que se llama Francisco Javier Martínez Ardila, que es muy sensible, que tiene vínculos con organizaciones criminales del municipio y que es muy temido."

Del informe interno de la Fiscalía sobre "Pacho Malo"

El director regional del CTI también ofreció vender a los agentes encubiertos cocaína que había sido incautada por las autoridades, incluida su oficina.

Al día siguiente de presentar el informe, Herrera fue asesinado por guerrilleros del EMC mientras estaba encubierto en el suroeste del departamento del Cauca. Sus dos compañeros, Fabio González y Pablo Bolaños, escaparon por los pelos.

El asesinato

El fiscal general Francisco Barbosa y Mancera viajaron a la ciudad de Manizales para asistir al funeral de Herrera y reunirse con los dos agentes sobrevivientes, quienes sospecharon y grabaron la reunión.

El fiscal jefe les dijo a Bolaños y González que estaba al tanto de su operación y les ofreció su apoyo.

Posteriormente, el fiscal jefe adjunto interrogó a los agentes sobre los detalles de su operación encubierta.

En un momento dado, dijeron los investigadores, le mostraron a Mancera una foto de Pacho Malo.

"En ese momento, ella actuó como si hubiera visto al diablo" y terminó abruptamente la reunión, dijeron los investigadores a Raya.

Y poco después, los agentes supervivientes se encontraron de repente en el punto de mira de una amplia investigación iniciada por Mancera.

La persecución

Dos días después de la reunión, el 30 de marzo, la Fiscalía habría recibido una denuncia anónima que aseguraba que González y Bolaños eran quienes habían estado robando cocaína incautada.

Esta supuesta pista la habría recibido el jefe de la Policía Judicial, Víctor Forero, novio de una de las más leales subordinadas de Mancera, la jefa de Seguridad Territorial, Luisa Obando, quien estuvo presente en la reunión con los agentes.

Posteriormente, Mancera nombró al notorio fiscal Daniel Hernández, quien desde hace tiempo enfrenta acusaciones creíbles de corrupción, para investigar a González y Bolaños, según Raya.

Mancera comenzó a presionar a sus subordinados para que eliminaran el nombre de Pacho Malo del informe presentado a Ocampo en los días previos al asesinato de Herrera.

En un mensaje de voz, el fiscal que supervisó la operación encubierta le dijo a Bolaños que "me acaba de llamar el director [regional], hermano, que la diputada está al tanto, que va a cancelar" la investigación sobre la supuesta organización de narcotráfico de Pacho Malo.

Forero, quien supuestamente recibió la denuncia anónima sobre los investigadores, viajó a Manizales el 21 de abril y les pidió a Bolaños y González que borraran toda referencia al presunto narcotráfico de Pacho Malo del informe presentado por Herrera antes de su muerte.

"Quisiéramos contar con su autorización para modificarlo, como para borrar la parte que tiene que ver con este tipo porque esta investigación no tiene nada que ver con él y no es bueno que esto ande dando vueltas", dijo Forero mientras era grabado por los investigadores.

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En la grabación, Forero le da instrucciones al fiscal Juan Camilo López sobre cómo eliminar las referencias a Pacho Malo del informe.

Según La Raya, la Fiscalía se negó a recibir esta grabación o a investigar las conclusiones del informe del medio de comunicación sobre una conspiración para encubrir la presunta actividad de crimen organizado de Pacho Malo.

La Raya también publicó extractos del informe redactado, en el que no se menciona a Pacho Malo, que desde entonces ha sido trasladado a la ciudad de Pereira, después de que los dos investigadores supervivientes de la AG lo hicieran público en noviembre del año pasado.

Mancera afirmó en entrevistas posteriores que Bolaños y González estaban siendo investigados porque el informe que se filtró a Raya no existía.

La subprocuradora afirmó además que no tenía obligación legal de investigar a Pacho Malo, lo cual es... bueno... una mentira increíblemente atrevida.

La semana pasada, la fiscalía dijo que había archivado la investigación sobre el encubrimiento de Mancera, afirmando falsamente que no había pruebas de delito, a pesar de que sus propios informes internos sugerían lo contrario, y de que había pruebas de que funcionarios de alto nivel de la oficina del Fiscal General habían manipulado los informes.

Mancera ha sido nombrado por Barbosa, cuyo mandato está a punto de expirar, para sustituirle como Fiscal General interino hasta que se encuentre un sustituto permanente.

Los tribunales no han llegado a un acuerdo sobre el nombramiento de uno de los nuevos candidatos propuestos por el presidente Gustavo Petro. Barbosa, que también se enfrenta a varias acusaciones de corrupción, se ha enemistado públicamente con el Presidente desde que éste asumió el cargo.

La Fiscalía de Colombia tiene un largo historial de cooperación con funcionarios del gobierno que han sido acusados de delitos, especialmente de narcotráfico, y ha utilizado el poder de su cargo para aplastar las investigaciones por corrupción contra funcionarios de sus filas.

Existe la creencia generalizada de que un nuevo Fiscal General podría investigar más a fondo estas acusaciones en lugar de dejarlas de lado, lo que sería perjudicial tanto para los delincuentes como para las personas encargadas de perseguirlos.

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El presidente Petro pronto llegará al ecuador de su gobierno en Colombia y, a pesar de sus grandes ambiciones, tiene pocas victorias políticas concretas que señalar.

Su visión de la "Paz Total" para el país, que incluye negociaciones directas con grupos armados criminales y rebeldes a cambio de su desarme, ha dado resultados dispares, y los datos recientemente publicados sobre conflicto, violencia, actividad económica y delincuencia a partir de 2023 pintan un panorama poco claro de hacia dónde se dirige el país.

Esta semana vamos a intentar algo un poco diferente. Queremos echar un vistazo a la situación de Colombia en todos estos temas centrándonos en los datos. Con esto en mente, hemos creado algunos gráficos interactivos (suponiendo que estás leyendo esto en el sitio web y no por correo electrónico) para examinar algunas cuestiones cruciales.

¿Cómo van el gobierno y el país? Nos alegra que lo preguntes. Siga leyendo.

¿Está mejorando o empeorando la situación de seguridad?

No hay una respuesta sencilla a esta pregunta. La violencia derivada del actual conflicto en Colombia ha mejorado ligeramente según algunos parámetros y ha empeorado según otros.

Inmediatamente después del acuerdo de paz de 2017 de Colombia con el grupo rebelde FARC, los homicidios disminuyeron en gran medida (continuando una tendencia a largo plazo desde principios de la década de 2000, cuando Colombia era uno de los países más peligrosos del mundo).

Pero empezaron a aumentar de nuevo poco después (bajo el anterior gobierno de Iván Duque), cuando otros grupos armados ocuparon el vacío de poder dejado por el desarme de las FARC y empezaron a luchar por sus antiguos territorios.

Los asesinatos anuales se dispararon inmediatamente después de la pandemia del COVID, alcanzando niveles no vistos desde la guerra civil. Tras la llegada de Petro al poder en 2022, empezaron a disminuir ligeramente, pero las cifras volvieron a repuntar lentamente en 2023.

Colombia lleva mucho tiempo luchando contra los desplazados internos por conflictos armados. Durante décadas, Colombia fue el país con mayor número de desplazados internos del mundo. Desde entonces, Siria, Ucrania y el Congo han superado a Colombia, pero el país andino sigue ocupando el cuarto lugar en cuanto a desplazados internos en el mundo.

Durante el primer año de mandato de Petro, el número de desplazados por el conflicto alcanzó la asombrosa cifra de 339.000, algo que no sucedía desde el punto álgido de la guerra civil del país en los años noventa.

El aumento de los desplazamientos se debió a dos factores: una serie de "paros armados" por parte de las dos mayores organizaciones criminales del país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo narco de los Gaitanistas (AGC), así como nuevos combates entre grupos que se disputaban el poder y el territorio en vísperas de las negociaciones con el gobierno.

En 2023, sin embargo, ese número se redujo a 166.555 personas, una cifra impactante para quienes no están familiarizados con el conflicto colombiano, pero en gran medida a la par con las dos décadas anteriores.

¿Cuál es la situación de los grupos armados?

Los dos mayores grupos armados que quedan en el país han ampliado su territorio y su poder desde el acuerdo de paz de 2017 con las FARC. El grupo rebelde marxista ELN se ha beneficiado especialmente de la expansión en territorios anteriormente controlados por el grupo.

El ELN está a punto de entrar en una tercera ronda de conversaciones formales con el gobierno y actualmente mantiene un alto el fuego con las fuerzas de seguridad. En las zonas donde el ELN tiene un control incontestable, la violencia ha disminuido como consecuencia de ello.

Aunque algunos "frentes" del grupo rebelde han continuado con los secuestros como parte de los intentos de extorsión, y al menos una facción ha llevado a cabo un "paro armado", cerrando carreteras y prohibiendo trabajar a los residentes, ambas violaciones técnicas del acuerdo.

AGC, una organización narcoparamilitar e ideológicamente descendiente de las fuerzas de derecha que lucharon del lado del gobierno durante la guerra civil, entabló conversaciones formales con el gobierno el año pasado, pero los esfuerzos fracasaron rápidamente.

Han consolidado su control en la Costa Norte, donde se fundaron originalmente. Actualmente es el mayor grupo criminal de Colombia, pero también se beneficia de una profunda infiltración en las fuerzas de seguridad y de contactos en la comunidad empresarial legal.

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Las masacres, que Colombia define como asesinatos de un solo evento en los que se producen 3 o más homicidios, no han disminuido, con más de 300 víctimas de este tipo de incidentes en 2023. Son más comunes en las regiones disputadas por grupos armados que en las regiones firmemente controladas por elementos criminales.

Las regiones disputadas son más comunes cerca de las fronteras y a lo largo de las principales rutas de contrabando de cocaína, y esa violencia a menudo se convierte en una espiral de agresión contra los residentes: como muestras de poder, esfuerzos de intimidación o represalias contra aquellos que los grupos armados consideran simpatizantes de los grupos rivales.

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¿Y las reformas económicas?

Petro prometió llevar a cabo una profunda reforma económica en Colombia y hacer frente a su prolongada desigualdad, que, dependiendo de cómo se mida, es una de las más altas de América. Pero, aparte de algunas victorias iniciales, su programa económico se ha visto obstaculizado en gran medida por el Congreso.

La coalición política que construyó tras asumir la presidencia se derrumbó el año pasado, con antiguos aliados que ahora actúan como "independientes" y que en ocasiones se han unido a la oposición para bloquear las reformas económicas.

Aunque el gobierno ha dado algunos pequeños pasos hacia la entrega de tierras a las familias rurales pobres desplazadas por la violencia, los cambios sistémicos prometidos han eludido a Petro, y Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del continente.

La disparidad económica y el colonialismo interno son los principales motores del actual conflicto colombiano. Petro está descubriendo por las malas que es mucho más fácil hablar de acabar con la guerra en campaña que poner en práctica esa retórica.

"Sin paz no puede haber justicia", era una de sus frases favoritas como candidato. Para los pobres de las zonas rurales en conflicto, ambos productos son cada vez más escasos.

Algunos han empezado a perder la fe en que Petro pueda cumplir sus promesas. Si las tendencias en Bogotá no cambian radicalmente, puede que tengan razón.

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Bien entrada la madrugada, tras un día de espurios retrasos, ataques legales y acusaciones por parte de la clase política dominante de Guatemala, Bernardo Arévalo de León fue finalmente investido presidente.

La toma de posesión oficial del socialdemócrata representa una victoria sobre meses de maniobras políticas y acciones antidemocráticas por parte de los poderes legislativo y judicial del país, que Arévalo ha calificado como "los esfuerzos de una élite política y económica para socavar la voluntad del pueblo."

Arévalo sorprendió al mundo político al remontar en las elecciones presidenciales y ganar por abrumadora mayoría gracias a sus promesas de luchar contra la corrupción endémica en Guatemala.

Pero nada más ganar, las mismas élites que prometió combatir empezaron a socavar su victoria.

Fiscales corruptos intentaron socavar los resultados de las elecciones mediante acusaciones infundadas de fraude, asaltando las oficinas de su partido político, Movimiento Semilla, que finalmente se disolvió oficialmente, y el día en que iba a jurar su cargo, intentaron impedir que tomara posesión mediante argucias procesales.

Las protestas, organizadas en apoyo de Arévalo, en gran parte por comunidades indígenas llevan meses en las calles, abogando por el presidente electo frente a lo que han descrito como un "golpe de estado" por parte de funcionarios corruptos.

Para ellos, el domingo empezó como una celebración en las calles, pero después de que el Congreso se negara a acreditar a los legisladores del Movimiento Semilla y, por tanto, a detener la toma de posesión de Arévalo, las fiestas callejeras se convirtieron rápidamente en protestas.

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Los guatemaltecos se enfrentaron a veces con la policía, asaltando barricadas levantadas por las fuerzas del orden para llegar al Congreso, donde miles de personas exigieron que se respetara la voluntad del pueblo y que Arévalo jurara su cargo.

Numerosos jefes de Estado y representantes extranjeros se encontraban ya en Ciudad de Guatemala para asistir a la ceremonia, entre ellos Boric, de Chile, Petro, de Colombia, y representantes de México.

Como la ceremonia de investidura se retrasó por culpa de los legisladores salientes, los invitados emitieron un comunicado conjunto en el que instaban al Congreso a "respetar la voluntad del pueblo".

Finalmente, pasada la medianoche, tras una declaración del Organismo Judicial Electoral de Guatemala en el sentido de que los legisladores debían respetar los resultados de las elecciones, Arévalo prestó juramento.

"Never again authoritarianism," he proclaimed after accepting the presidential sash.

He credited indigenous protesters and youth activists for his victory, thanking them for fighting against the forces that sought his ouster before he even took office.

"The people of Guatemala have demonstrated their wisdom, and institutions such as the Constitutional Court and the Supreme Electoral Tribunal have protected the sovereign desire of Guatemalans to live in democracy," the president said in his first speech.

Arévalo ha prometido luchar contra la corrupción y aplicar reformas económicas en el país centroamericano, donde más del 30% de los ciudadanos viven por debajo del umbral de la pobreza.

Para sus partidarios, fue una improbable victoria de la democracia sobre la corrupción. Su gobierno comienza tras más de 100 días de protestas en las calles.

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El 3 de diciembre, el partido gobernante de Venezuela celebró un referéndum sobre la anexión de una gran parte de la vecina Guyana, llamada Esequibo. La votación fue aprobada por abrumadora mayoría, aunque los vídeos de los colegios electorales vacíos dominaron las redes sociales y algunas organizaciones independientes estimaron que la participación fue inferior al 8%.

Sin embargo, el Presidente Nicolás Maduro saludó la votación como una victoria, y el gobierno se atribuyó 10,4 millones de votos, reavivando una larga crisis de credibilidad en los resultados electorales oficiales del país. El referéndum siguió a meses de ruido de sables nacionalista por parte del gobierno de Maduro.

En las últimas semanas, algunas personalidades de los medios de comunicación poco familiarizadas con la política interna venezolana han difundido sus temores de una posible invasión a gran escala de Guyana por parte de las fuerzas armadas venezolanas. Pero la mayoría de los expertos dentro de Venezuela dicen que las declaraciones públicas y la propaganda de anexión tienen más que ver con los intentos de Maduro de consolidar el poder y azuzar el fervor nacionalista de cara a las elecciones del próximo año que con una conquista militar.

Sin embargo, Maduro no perdió el tiempo y anunció una serie de medidas para facilitar la anexión. El martes presentó un nuevo mapa oficial de Venezuela con el Esequibo incorporado al territorio venezolano, y ordenó que todas las escuelas utilizaran su nuevo mapa.

También anunció que el mayor general Alexis Rodríguez Cabello será la "autoridad provisional" en el territorio en disputa. En días anteriores, Maduro había enviado un pequeño contingente militar a Puerto Barima, en la frontera atlántica venezolana, cerca de la frontera con Guyana.

Pero por ahora, la guerra es de información y narrativas contrapuestas más que de balas y bombas.

La disputa territorial se remonta a 1777, cuando la Capitanía General de Venezuela incluyó la región de 159.500 kilómetros cuadrados (61.600 millas cuadradas) en un mapa del país a pesar de que el territorio nunca fue ocupado por Venezuela ni cuando formaba parte del imperio español ni después de la independencia.

En 1899, la Guayana Británica consiguió marcar oficialmente sus actuales fronteras en el Tribunal Arbitral de París, en un proceso que Venezuela ha denunciado como amañado. Ahora, más de un siglo después, tras el descubrimiento de importantes reservas de petróleo en la región, el partido gobernante de Venezuela ha abogado por la usurpación de la región.

"Queremos el rescate pacífico de la Guayana Esequiba", dijo Maduro el martes. "Nuestra Guayana Esequiba ha sido ocupada de facto por el Imperio Británico y sus herederos y han destruido la zona", dijo. Bajo la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela ofreció petróleo con descuento al CARACOM, una organización intergubernamental de 14 países del cercano Caribe, a cambio de apoyo diplomático para sus reclamaciones sobre la región. Pero esos países apoyan desde hace tiempo la independencia de Guyana.

Maduro ha dado instrucciones a la petrolera estatal PDVSA para que elabore planes de exploración y extracción de petróleo y recursos minerales en el Esequibo y ha ordenado a la Asamblea Nacional que redacte una ley que anule los contratos petroleros en alta mar concedidos por Guyana. La compañía estadounidense Exxon Mobile tiene una plataforma marítima en la zona. "Estamos dando tres meses a las empresas que están explotando recursos allí sin permiso venezolano para que cumplan con la ley", dijo. El presidente venezolano también solicitó a la Asamblea Nacional la creación de áreas de protección ambiental y parques nacionales en el territorio.

Como parte de su retórica, el gobierno venezolano ha afirmado que Exxon conspira con Estados Unidos y la comunidad internacional para explotar la región, e incluso ha llegado a emitir órdenes de arresto contra al menos 10 miembros de la oposición por "traición a la patria" y "conspirar con Exxon o aceptar pagos de ésta".

El gobierno también ha prohibido a la candidata presidencial de la oposición, Marina Corchada, que ganó unas primarias informales en julio, participar en las elecciones de 2024.

Sin embargo, en los últimos meses, Maduro ha clamado por la eliminación de las sanciones impuestas por Estados Unidos y ha buscado activamente inversiones de empresas estadounidenses. Chevron, en particular, tiene una gran presencia en el país.

El Presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el jueves en declaraciones públicas que "Mercosur no puede permanecer al margen" de la disputa del Esequibo y que Brasil acogerá "tantas rondas de conversaciones como sean necesarias" porque "no necesitamos más guerra".

En los últimos días, Brasil ha enviado vehículos blindados y tropas a sus fronteras con Venezuela y Guyana.

Guyana, por su parte, ha pedido ayuda a Naciones Unidas, Mercosur y Estados Unidos para resolver la situación.

"Estamos muy preocupados de que el presidente Maduro y el gobierno de Venezuela puedan utilizar su propio escenario interno y su política interna para crear una inestabilidad dentro de nuestra región, para crear miedo y terror dentro de los corazones y las mentes de sus vecinos", dijo el presidente de Guyana, Mohamed Irfaan Ali, el martes en una entrevista con France 24.

Ali señaló que ambos países están sometidos al proceso de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que en el Acuerdo de Ginebra de 1966, por decisión del Secretario General de las Naciones Unidas, dictaminó que la región del Esequibo pertenece a Guyana. Venezuela ha insistido en que la CIJ no tiene jurisdicción para resolver la disputa.

El jueves, el Mando Sur de EE.UU. realizó sobrevuelos sobre Guyana, afirmando en un comunicado que "EE.UU. mantendrá su compromiso como socio de confianza de Guyana en materia de seguridad y promoviendo la cooperación y la interoperabilidad regionales".

Sin embargo, a pesar de la escalada, la mayoría de los expertos creen que es poco probable que Venezuela invada Guyana. Maduro, en el poder desde 2013, se enfrenta a un dilema en torno a las próximas elecciones presidenciales. Profundamente impopular, es poco probable que gane unas elecciones realmente justas en 2024, incluso contra una oposición profundamente dividida y casi igual de impopular.

Pero su actual crisis, creada por él mismo, podría servir de excusa para retrasarlas o incriminar a los políticos de la oposición. Sin embargo, su gobierno ha estado negociando con Estados Unidos para seguir suavizando las sanciones económicas, y los pasos hacia unas elecciones simuladas más autoritarias, como las de Nicaragua, socavarían esos esfuerzos.

Mientras tanto, el símbolo del Esequibo es poderoso en Venezuela. Durante décadas se ha enseñado a los niños en las escuelas públicas que la región les pertenece, y la idea de recuperarla es profundamente popular, incluso entre sus oponentes de derechas.

Y el auge de los sentimientos nacionalistas entre la población sirve para distraer la atención de los innumerables problemas económicos y medioambientales a los que se enfrentan los residentes del país. Algunos analistas occidentales han insistido en que la "crisis" de Guyana es un ejemplo del comportamiento irracional de Maduro.

Pero Maduro no es irracional. Ha sobrevivido a múltiples intentos internacionales de apartarle del poder, y durante mucho tiempo ha sido infravalorado por la comunidad internacional. Puede que Maduro sea un gran líder en el sentido de que efectúa cambios positivos, pero entiende muy bien la política venezolana y la dinámica del poder, como ha demostrado una y otra vez.

Es probable que este último episodio de golpes de pecho sólo le beneficie a él y a su partido a nivel interno, aunque suponga críticas por parte de la comunidad internacional.

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Las grandes historias de Latinoamérica

Guatemala sigue acercándose a un "golpe lento" contra el presidente electo Bernardo Arévalo. El Ministerio Público de Guatemala alegó el viernes que las elecciones de principios de año, que Arévalo ganó por abrumadora mayoría, son inválidas debido a "irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral".

La Fiscalía, a la que Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un "golpe de Estado" en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios "son nulas" ya que "no fueron autorizadas inicialmente" por el Tribunal Supremo Electoral.

La supuesta invalidación de los resultados electorales fue presentada por la fiscal Leonor Morales, en conferencia de prensa, quien dijo que las elecciones para presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano deben ser anuladas.

Líderes de toda la región condenaron la medida de la Fiscalía. La Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que calificaba el proceso de "ruptura fundamental de los procesos democráticos" y de "fraude político contra la clara voluntad del pueblo guatemalteco".

Perú también se acerca al caos. En medio de una lucha de poder entre el presidente y el fiscal general del país, el Tribunal Constitucional de Perú ordenó la liberación del ex presidente Alberto Fujimori. Fujimori cumplía una condena de 25 años por su participación en ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones forzadas y corrupción.

El tribunal dijo que las órdenes de la Corte Interamericana de no liberar a Fujimori no eran vinculantes. El tribunal respondió el 5 de diciembre, ordenando a Perú "abstenerse de aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional", a la espera de que el tribunal revisara el indulto. El gobierno hizo caso omiso de la CIJ y liberó a Fujimori el 6 de diciembre.

La decisión ilustra la voluntad del actual gobierno de ignorar el Derecho Internacional. "La liberación de Fujimori es una bofetada a las víctimas de atrocidades", dijo Juanita Goebertus, Directora para las Américas de Human Rights Watch. "La OEA debería examinar la liberación en el contexto de la gravísima erosión del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos en Perú".

También esta semana en Perú, el Congreso, profundamente impopular, aprobó una serie de leyes que consolidan su poder y complican las próximas elecciones. También votaron a favor de destituir al fiscal general, aunque Benavides ha ignorado hasta ahora la orden.

El candidato outsider Javier Milei, que prometió utilizar una motosierra contra el gasto público, se alzó con la victoria en las elecciones presidenciales por un cómodo margen.  La crisis económica, el hartazgo de la política tradicional y el avance de la ultraderecha en América Latina en general fueron sin duda factores que contribuyeron a su victoria. Pero, ¿quiénes son los votantes que le han llevado a tal éxito?

En las elecciones generales celebradas en Argentina el 22 de octubre, el actual Ministro de Economía, Sergio Massa, resultó sorprendentemente vencedor. Pero en el balotaje del 19 de noviembre, Milei recuperó el primer puesto que había obtenido en las primarias. Parece haberse beneficiado de la ausencia de Patricia Bullrich, de la alianza de derechas Juntos por el Cambio, que atrajo más votos conservadores tradicionales en la primera vuelta.

"El 90% de los votos de Bullrich terminaron yendo a Milei, y muy poco de ese apoyo a Massa", explicó a PWS el sociólogo Daniel Schteingart, director del centro de investigación Fundar.

Juntos por el Cambio (JxC) es la coalición con la que gobernó el ex presidente Mauricio Macri entre 2015 y 2019. Bullrich fue ministra de Seguridad en esa época. En las elecciones de octubre, Bullrich salió tercera gracias a votantes “mayormente antikirchneristas”, dijo Schteingart. El kirchnerismo es la fracción del peronismo hoy liderado por la vicepresidenta saliente Cristina Fernández de Kirchner. Bullrich obtuvo casi 24% en octubre; Milei, 30%. La suma de ambos votos da casi exactamente el porcentaje que consiguió el libertario de ultraderecha el pasado domingo: 55,7%.

Luego de las elecciones de octubre, Bullrich y Macri le dieron su apoyo a Milei. Ahora están participando del armado del gabinete del próximo presidente, que asumirá en su cargo el 10 de diciembre.

Si bien para Schteingart era previsible que gran parte del voto de Bullrich se trasladara a Milei, sí fue una sorpresa fue la magnitud de la diferencia de 11 puntos porcentuales que tuvo con Massa, que el domingo obtuvo 44,3%.

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Radiografía de los votantes de Milei

Según Schteingart, los votantes de Milei se dividen en dos grupos. Por un lado están los que son “núcleo duro”, es decir, el 30% de votantes que lo habían apoyado en la primera vuelta. “Es un voto mayormente masculino, con mayor predominancia de jóvenes”, pero de todos los niveles socioeconómicos, dijo el sociólogo.

Por otro lado, en la segunda vuelta Milei contó con los votos “prestados” de Bullrich, tal como los describió Schteingart. Esos votos se componen en su mayoría de personas de mayor edad, especialmente mujeres, lo que compensó el sesgo joven y masculino del voto de Milei.

“Donde sí hay un claro clivaje de género es en la franja intermedia de edad”, afirmó Schteingart.

De acuerdo a una encuesta realizada antes del balotaje por la consultora Prosumia --- una de las pocas que acertó la diferencia de 11 puntos que hubo entre los candidatos el domingo --- los varones de entre 16 y 50 años “votan mucho más a Milei” que las mujeres del mismo rango de edad, analizó el sociólogo en base al informe.

Los datos de la encuesta muestran que, entre los varones consultados de 16 a 30 años, el 68% dijo que votaría a Milei en el balotaje, contra un 27,1% que respondió que apoyaría a Massa. En ese mismo rango de edad pero entre mujeres, las respuestas fueron mucho más parejas, aunque también se imponía Milei con 49,5% frente a 45,2% de respuestas a favor de Massa.

Entre mayores de 50 años, la proporción estimada de votantes mujeres u hombres es más pareja. “Creo que es porque en la franja de menos de 50 años es donde más permeó la agenda feminista, sobre la cual Milei se volvió muy en contra”, dijo Schteingart.

Milei, entre otras cosas, afirmó durante la campaña electoral que quiere hacer un plebiscito para eliminar la ley de aborto aprobada en 2020. También dijo que bajo su gestión no existirá el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad creado en 2019. La eliminación de ese ministerio es parte de su lucha contra el “marxismo cultural”, una teoría conspirativa de extrema derecha que defiende valores conservadores. “No voy a pedir perdón por tener pene”, dijo en 2022 al hablar sobre esto.

A qué se dedican los votantes de Milei

Si bien el voto a Milei ganó de forma transversal en casi todos los sectores de la actividad económica de acuerdo a la proyección de Prosumia, hubo algunos donde arrasó: las fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas.

Entre las personas con ocupaciones militares encuestadas por la consultora, 9 de cada 10 dijo que votaría a Milei en el balotaje. Más de 7 de cada 10 integrantes de fuerzas de seguridad encuestados respondió lo mismo.

La vicepresidenta que acompañará a Milei, Victoria Villarruel, es una abogada que proviene de una familia militar involucrada en crímenes de la última dictadura que sufrió Argentina entre 1976 y 1983. Villarruel es conocida por haber visitado en la cárcel a militares condenados por crímenes de lesa humanidad como Jorge Rafael Videla, líder de la junta que realizó el último golpe de estado. En reiteradas ocasiones defendió públicamente a militares condenados por torturas y asesinatos, y pidió su absolución.

Milei también tuvo un importante apoyo de personas que trabajan por su cuenta, con más de 30 puntos porcentuales de ventaja sobre Massa. “Eso tiene sentido, porque son personas que generalmente tienen menor intervención del Estado, regulaciones y ayudas estatales”, afirmó Schteingart.

El voto a Milei predominó entre los trabajadores industriales encuestados. “Es interesante porque el peronismo siempre tuvo un discurso más industrialista que el antiperonismo, y Milei nunca habló mucho de la industria,” observó Schteingart. Milei es un acérrimo defensor de la liberación total del mercado sin ningún tipo de regulación estatal. Esto haría que muchas fábricas y empresas nacionales --- y sus empleados --- se vean muy afectadas por la apertura de importaciones.

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¿Todos los votantes de Milei son de ultraderechistas?

A pesar de que el discurso extremista de Milei ha generado en los últimos años un gran grupo de adeptos, la mayoría de quienes lo votaron en el balotaje del domingo no concuerdan del todo con sus ideas.

“Muy pocos están de acuerdo con la venta de armas, con el mercado de órganos, con la dolarización”, dijo Schteingart. “Ni siquiera en el núcleo duro están todos de acuerdo, mucho menos cuando tomas en cuenta los votos prestados del domingo”.

Lo que terminó primando en esta elección no fue tanto un deseo de que Milei sea el próximo presidente, sino que Massa no lo sea, planteó el sociólogo. Desde hace un año Massa está a cargo de la delicada economía argentina, que en los últimos 12 meses acumula una inflación de 150%. A eso se suma un fuerte rechazo ideológico.

“No es que a los votantes les simpatizaba particularmente Milei, pero Massa les daba mayor rechazo por estar asociado al kirchnerismo”. A pesar de los esfuerzos de Massa por despegarse de la gestión del actual presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta, a los ojos del electorado Massa sigue siendo parte del kirchnerismo. Las medidas de baja de impuestos y beneficios económicos para diferentes sectores que tomó en los últimos meses no fueron suficientes para ganar la elección.

Las grandes historias en Latinoamérica

La Guardia Nacional de México detuvo el jueves al jefe de seguridad de una facción del cártel de Sinaloa, Néstor Isidro Pérez Salas, también conocido como "El Nini".

"El Nini" está acusado de dirigir un sanguinario grupo de fuerzas de seguridad encargado de proporcionar protección a los "Chapitos", los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Estados Unidos había ofrecido una recompensa de 3 millones de dólares por información que condujera a su captura.

El Chapo es buscado por Estados Unidos por narcotráfico y posesión de armas. Estados Unidos agradeció el viernes a México la operación.

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Gustavo Petro, de Colombia, ha planteado la idea de importar gas natural y crudo ligero de Venezuela. Las reservas de petróleo de Venezuela son 70 veces mayores que las de Colombia, que actualmente se prevé que duren sólo 7 años sin nuevas exploraciones.

Pero las promesas de Petro de poner en marcha una revolución de energías limpias chocan directamente con las importaciones de Venezuela. Algunos ecologistas han criticado el plan, pero la empresa petrolera estatal colombiana, ECOPETROL, ha prometido estudiar la cuestión, sugiriendo en comentarios públicos que las importaciones de gas podrían comenzar ya a finales del próximo año.

El Estado del Barco

Nos estamos preparando para el final del año, ¡como imaginamos que estáis todos vosotros! Nos tomaremos un descanso durante la segunda quincena de diciembre, como es nuestra pirática costumbre. Pero no se preocupe. Todavía tenemos unos cuantos viajes planeados antes de eso, incluyendo algo que Joshua lleva tiempo esperando: comprobar cómo resultaron nuestras predicciones de Año Nuevo para 2023.

Pero antes de eso, tenemos algunos reportajes en preparación, incluido uno sobre migración de un nuevo colaborador de Texas. ¡Viva los piratas!

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El proceso democrático en Guatemala sufrió un duro golpe la semana pasada, el más duro hasta la fecha para el Presidente electo Bernardo Arévalo, a quien la élite política guatemalteca ha intentado hacer descarrilar mediante una serie de medidas corruptas desde que ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales en agosto.

En una rueda de prensa celebrada el 16 de noviembre, la Fiscalía guatemalteca pidió el desafuero de Arévalo, su vicepresidenta electa Karin Herrera y tres altos cargos de su partido político, Movimiento Semilla, en el marco de una investigación penal sobre las protestas estudiantiles en la Universidad de San Carlo entre 2022 y 2023.

Los fiscales afirman que Arévalo y su partido utilizaron las protestas y la posterior ocupación de la Universidad por los estudiantes para impulsar sus campañas políticas. Si se confirma la acción de la fiscalía, podría allanarse el camino para la detención de Arévalo antes de que tome posesión de su cargo en enero.

La actuación de la Fiscalía no es más que la última de una serie de acciones contra Arévalo, tanto durante la campaña como después, que incluyeron redadas en las oficinas de campaña de los candidatos de Semilla y amenazas legales de disolver el partido, incluso contra candidatos al Congreso que acababan de obtener un escaño.

En abril de 2022, los estudiantes tomaron la Universidad de San Carlos, la única universidad pública de Guatemala, tras lo que consideraron la elección fraudulenta del nuevo rector de la escuela, Walter Mazariegos. Dijeron que durante la votación de estudiantes, profesores y administradores, Mazariegos sólo permitió votar a quienes votarían por él.

El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Mazariegos por oprimir los procesos democráticos y ocupar el cargo de rector tras lo que calificó de proceso fraudulento.

Las posteriores ocupaciones estudiantiles de la Universidad provocaron cuantiosos daños materiales. Poco después de que terminaran, en junio, los fiscales acusaron a los periodistas que cubrieron el movimiento estudiantil de una serie de cargos considerados fraudulentos, desde laver dinero hasta "sedición".

Elementos corruptos del gobierno guatemalteco parecen estar ampliando ahora las persecuciones para incluir a Arévalo y a su partido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y representantes del gobierno de Estados Unidos rechazaron enérgicamente la última medida de los fiscales.

En una declaración pública, la CIDH afirmó que la organización "rechaza el ejercicio abusivo del poder", describiendo la persecución de Arévalo como "un atentado contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país".

Arévalo, que se presentó con una campaña anticorrupción, provocó la ira de la clase política conservadora de Guatemala, profundamente arraigada, tras una sorprendente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de junio. Desde entonces, fiscales vinculados a la corrupción -muchos de ellos sancionados por Estados Unidos- han tratado repetidamente de debilitar a Semilla con acusaciones de conducta delictiva no respaldadas por pruebas.

Han intentado suspender por completo al partido con acusaciones poco sólidas, así como perseguir a otros candidatos de Semilla. Hasta ahora, sin embargo, no habían implicado directamente al presidente electo en un caso penal.

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La última medida también se produce en medio de grandes protestas contra el presidente en funciones, Alejandro Giammattei, en gran parte debido a las medidas que su administración ha tomado contra Arévalo. En las últimas semanas, Giammattei ha desplegado a la policía antidisturbios contra los manifestantes, que en ocasiones han bloqueado las carreteras del país.

Los manifestantes afirman que Giammattei está intentando dar un "golpe de estado" contra el presidente electo, un término que muchos expertos consideraron una hipérbole en su momento, pero que a la luz de las recientes acciones del gobierno parece ahora totalmente posible.

Arévalo, en comentarios públicos el jueves, calificó las acciones de la Fiscalía General como "un asalto a la democracia", antes de describir las acciones de la élite guatemalteca como "Un golpe de estado orquestado por la fiscal María Consuelo Porras".

Porras lleva años debajo sanciones por parte de Estados Unidos, que la acusa de haber utilizado el poder de su cargo para proteger a políticos corruptos. También ha sido acusada de bloquear investigaciones de jueces e investigadores guatemaltecos a instancias del presidente en funciones Giammattei.

Porras niega las acusaciones, afirmando que ha sido víctima de una campaña de difamación mediática sesgada. Los manifestantes, que llevan casi 50 días en las calles, exigen su dimisión.

Los líderes indígenas del movimiento social han prometido permanecer en las calles hasta que Arévalo tome posesión de su cargo.

Mathew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció el 16 de noviembre restricciones de visado para casi una docena de funcionarios guatemaltecos.

En una declaración pública escrita, escribió: "Estados Unidos rechaza inequívocamente los continuos y descarados esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder en Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo. También condenamos las redadas y detenciones por motivos políticos dirigidas contra miembros del partido Semilla."

Sin embargo, parece que los manifestantes van a por todas, y si continúan los esfuerzos para bloquear a Arévalo, el gobierno en funciones podría enfrentarse no sólo a la presión en el frente internacional, sino también en las calles.

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Las grandes historias de América Latina

El ultraderechista Javier Milei obtuvo casi el 56% de los votos en las elecciones celebradas el domingo en Argentina, superando a su rival de izquierdas Sergio Massa en un 12%.

La victoria del recién llegado radical ha sido descrita como "un terremoto político".

A veces apodado "El Loco" por sus detractores, Milei ha prometido cambios drásticos, entre ellos sustituir el peso, la moneda local, por el dólar estadounidense y "volar" el banco central para impedir que imprima más dinero, lo que según él está impulsando la inflación. También ha prometido privatizar algunas funciones gubernamentales y empresas parcialmente estatales.

La medida fue bien acogida por los ex presidentes Bolonaro y Trump, en Brasil y EE.UU. respectivamente.

No está claro hasta qué punto podrá cumplir sus promesas políticas. Su partido no tiene mayoría en el Congreso y es probable que se enfrente a una fuerte oposición de la opinión pública a sus propuestas más ambiciosas, que incluyen la prohibición del aborto y la concesión de más poder a la policía.

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Petro asumió el cargo en agosto de 2022 tras unas tumultuosas elecciones en las que prometió traer por fin la paz a un país que ha vivido casi un siglo de conflicto interno. Más de un año después, sin embargo, no ha logrado mostrar grandes avances reales en las zonas controladas por grupos armados criminales, y la violencia en las zonas rurales sigue aumentando.

Ahora se encuentra en un momento de crisis para sus planes de "Paz Total", con graves contratiempos y un creciente descontento entre la opinión pública por la falta de avances sobre el terreno en las zonas de conflicto.

El anuncio hecho por Petro 31 de Diciembre 2022, en el que anunció un cese de fuego con los cinco mayores grupos armados del país, pronto resultó ser falso. Y aunque han habido avances políticos en las negociaciones con dos de los mayores grupos rebeldes que quedan en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo disidente de las FARC, Estado Mayor Central (EMC), ambas negociaciones en curso han vivido un momento de crisis en las últimas semanas.

En el caso del ELN, el secuestro del padre del emblemático futbolista Luís Díaz ha atraído la atención pública sobre las continuas acciones criminales cometidas por el grupo rebelde a pesar de un supuesto alto el fuego con el gobierno.

El 5 de noviembre, el Frente Occidental del ELN también declaró un "paro armado" en el Chocó, restringiendo la circulación de los residentes en una decisión que, según ellos, era necesaria en medio de los enfrentamientos con otros grupos armados de la región.

El mismo día, el grupo rebelde EMC suspendió las negociaciones con el gobierno apenas 20 días después de la aplicación de un cese de fuego formal, citando como motivo las operaciones militares contra ellos en el Cauca. Cínicamente, siguen insistiendo en que el gobierno mantenga el alto el fuego aunque ellos abandonen la mesa de negociaciones.

El acuerdo bilateral, por ahora, sigue en pie.

Estas tensiones no son las primeras a las que se ha enfrentado Petro en sus intentos de consolidación de la paz. Un alto el fuego informal con el mayor grupo criminal de Colombia, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) -a las que el gobierno prefiere llamar "Clan del Golfo"- se vino abajo en marzo, cuando el gobierno reanudó las operaciones militares contra ellas.

En las semanas anteriores, las AGC habían atacado a policías y militares a pesar de la tregua.

Los planes de paz de Petro eran increíblemente ambiciosos y era de esperar que se produjeran contratiempos en un país en el que ha resultado imposible poner fin al conflicto durante varios administraciones. Pero aunque lograr negociaciones formales con el ELN y el EMC fue una victoria política, las negociaciones no han logrado hasta ahora ninguna mejora concreta para las personas que viven en las regiones que controlan.

¿Quiénes son exactamente los mayores grupos armados de Colombia? ¿Y cuál es su posición respecto a las negociaciones con el gobierno? En PWS te lo contamos todo.

El ELN

Cuando el mayor grupo rebelde que queda en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, firmó un alto el fuego formal con el gobierno en agosto, fue aclamado en gran medida como una victoria política de Petro.

Sin embargo, muchos expertos expresaron su preocupación por si el ELN tuviera la voluntad o la capacidad de cumplir sus promesas. La estructura de mando descentralizada del grupo significa que los "frentes" individuales son semiautónomos, lo que da lugar a disensiones, fragmentación interna y acciones aparentemente deshonestas, como las que dieron lugar al secuestro de Díaz y al anuncio de un paro armado.

Aunque sigue en vigor un alto del fuego bilateral con el ELN, los negociadores del gobierno afirman que las recientes acciones del grupo rebelde han quebrado los términos del acuerdo.

Petro se enfrenta a la presión pública para que intensifique la represión de las acciones criminales del ELN que podrían complicar las negociaciones en curso.

Carlos Velandia es un ex comandante del ELN que actuó como asesor informal del gobierno durante la primera ronda de negociaciones con el grupo rebelde. "Los secuestros han continuado incluso después del alto el fuego", dijo a PWS, señalando al menos 30 casos desde agosto. "El ELN argumenta que no se trata de secuestros propiamente dichos", dijo, sino más bien de "'detenciones', del mismo modo que la policía colombiana podría arrestar a alguien por un delito".

El ELN extorsiona a menudo a los residentes de las regiones que controla, lo que, según afirma, es un impuesto legítimo y no una actividad delictiva. "Dicen que están imponiendo un 'impuesto de guerra revolucionaria'", dijo Velandia, "y que estas detenciones son por no pagar".

"Pero se trata de una clara violación de los Derechos Humanos Internacionales tal y como los entiende la legislación colombiana", continuó. "El secuestro es un delito. No tienen ninguna base legal en la que apoyarse, y la policía está obligada constitucionalmente a perseguir estos delitos, independientemente de los términos escritos del cese de fuego".

Las acciones violentas del ELN han dejado de lado las negociaciones en otras ocasiones, la más reciente en 2019, después de que el grupo rebelde bombardeara una academia de policía en Bogotá en un ataque en el que murieron 21 personas y decenas más resultaron heridas.

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Las disidentes de FARC Estado Mayor Central (EMC)

Estado Mayor Central, liderado actualmente por Iván Mordisco, se formó en 2016 cuando un grupo de frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rechazó el acuerdo de paz con el gobierno.

Rápidamente se expandieron en territorio en los años siguientes, incluido el Cauca, donde durante un tiempo su expansión pasó prácticamente desapercibida.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en declaraciones públicas, ha dicho del bastión de control del grupo cerca de la costa del Pacífico en el Cauca que "controlar el cañón de Micay implica controlar una muy buena parte no sólo de la producción y el transporte de cocaína, sino también el control del Cauca".

Estado Mayor Central, liderado actualmente por Iván Mordisco, se formó en 2016 cuando un grupo de frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) rechazó el acuerdo de paz con el gobierno.

Rápidamente se expandieron en territorio en los años siguientes, incluido el Cauca, donde durante un tiempo su expansión pasó prácticamente desapercibida.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, en declaraciones públicas, ha dicho del bastión de control del grupo cerca de la costa del Pacífico en el Cauca que "controlar el cañón de Micay implica controlar una muy buena parte no sólo de la producción y el transporte de cocaína, sino también el control del Cauca".

Los Paracos

AGC, el mayor grupo criminal del país, es el descendiente ideológico de los paramilitares de derechas que lucharon del lado del gobierno durante la guerra civil. Han contratado abogados para que los representen en las conversaciones con el gobierno colombiano.

Aunque su alto el fuego informal ha fracasado, Petro sigue buscando un marco legal que permita su eventual desarme. Este marco también permitiría la negociación formal con grupos criminales más pequeños en Medellín y Buenaventura, donde los actuales ceses del fuego con grupos criminales rivales han dado lugar a pequeños éxitos en los procesos de consolidación de la paz.

AGC, sin embargo, está en guerra tanto con el ELN como con grupos disidentes de las antiguas FARC en varias partes del país, como Antioquia, Chocó y Norte de Santander, en la frontera con Venezuela.

El grupo delictivo también tiene profundos vínculos con el ejército y la policía colombianos, aunque también ataca con frecuencia a funcionarios que no aceptan ofertas para formar parte de su nómina.

En amplias franjas de la costa norte, AGC opera con aparente impunidad frente a las fuerzas de seguridad y controla eficazmente el Tapón del Darién, donde extorsiona tanto a inmigrantes como a comerciantes a cambio de "protección".

Además de los obstáculos legales para las negociaciones formales, el grupo también teme un desarme sin acciones similares por parte de grupos rivales como el ELN, un escenario que los dejaría indefensos en regiones disputadas donde el conflicto continúa.

¿Y dónde queda la paz?

Las negociaciones con las FARC duraron cuatro años antes de que finalmente se alcanzara un acuerdo, y su aplicación tardó otro año más. Petro está intentando algo mucho más ambicioso: negociaciones simultáneas con docenas de grupos.

Es muy posible que la iniciativa dure más allá de su gobierno, y que finalmente quede en manos del presidente que le sustituya. Pero para tener éxito, tendrá que demostrar que avanza en la construcción de un marco sobre el que puedan construirse eventuales acuerdos.

Tras más de un año de presidencia, tiene poco que mostrar más allá de victorias políticas simbólicas que significan poco para las personas que viven bajo el control de grupos armados criminales. Además, los errores no forzados por su parte han provocado una caída de su popularidad, así como una disminución del apoyo popular a la "Paz Total" en general.

Sin embargo, el gobierno aún está a tiempo de cambiar las cosas. Es imperativo aclarar los términos del alto el fuego tanto con el EMC como con el ELN, así como frenar el aumento de la violencia en las regiones en conflicto, zonas en las que su administración gozó de un amplio apoyo durante las elecciones presidenciales, pero que rechazaron abrumadoramente a su partido político en las elecciones locales del mes pasado.

A Petro le gusta decir que "la paz es el acto más revolucionario que se puede cometer", y puede que sea cierto. Pero para que una revolución por la paz tenga éxito, necesita tanto astucia política como apoyo popular.

Al menos hasta ahora, Petro ha demostrado muy poco de lo primero, una dinámica que está causando serios problemas a lo segundo.

Petro aún está a tiempo de aprender de sus errores y encaminar por fin a Colombia hacia la paz tras un siglo de conflicto interno. Pero no tendrá que limitarse a superar los obstáculos y contratiempos actuales, sino que tendrá que forjar avances en la construcción de la paz que pueda presentar a los votantes.

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Colombia fue el país más mortífero del mundo para los activistas medioambientales en 2022, con 60 defensores de la tierra asesinados, lo que representa un tercio de los homicidios de ambientalistas en todo el mundo, según un informe de septiembre de la ONG Global Witness.

Y un nuevo informe publicado esta semana por Amnistía Internacional arroja nueva luz sobre los detalles de la persecución, las amenazas, los secuestros y los homicidios de líderes sociales y ecologistas.

Amnistía critica duramente al gobierno colombiano por no poner freno a la creciente violencia y pide que se ponga fin a la impunidad en un país donde sólo 1 de cada 10 asesinatos acaba en detención.

"Una vez más, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los pequeños agricultores y los activistas medioambientales han sido vilmente atacados", se lee en el informe.

Las promesas del presidente izquierdista del país, Gustavo Petro, de poner fin a los asesinatos de líderes sociales y activistas medioambientales no se han traducido en acciones sobre el terreno, y la violencia en zonas rurales durante mucho tiempo por el conflicto también está aumentando de forma más generalizada.

Indepaz, una organización colombiana de defensa de los derechos humanos, informa de 140 asesinatos de líderes sociales en lo que va de 2023 y de 80 masacres en todo el país. Según datos de la policía, los secuestros también están aumentando. Durante los 10 primeros meses de 2023, la policía ha registrado un aumento de más del 70% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Los habitantes de las zonas rurales que apoyaron firmemente a Petro en las elecciones presidenciales de 2022 están cada vez más frustrados por la falta de avances en sus planes de "Paz Total", que prometían negociar directamente con los grupos armados a cambio de su desarme.

Hasta ahora, sin embargo, ni un solo grupo ha aceptado su oferta, y los alto el fuego han dado resultados dispares, con algunos sufriendo tensiones y otros derrumbándose por completo.

Los diálogos con el grupo rebelde de izquierdas EMC se suspendieron la semana pasada y, a pesar del alto el fuego con el gobierno, el ELN, el mayor grupo armado de izquierdas que queda en el país, ha continuado con los secuestros y la actividad delictiva, un fenómeno puesto de relieve por el caso del secuestro del padre de una de las mayores estrellas del fútbol colombiano hace dos semanas.

En un comunicado de prensa, la directora para las Américas de Amnistía, Ana Piquer, afirmó que la investigación de la ONG en Colombia "deja clara la necesidad de una respuesta institucional firme, integrada y coordinada."

Amnistía Internacional ha recibido innumerables informes de defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia que han sido amenazados y agredidos por su trabajo. Entre 2020 y 2023 hemos sido testigos de cómo las autoridades no han adoptado medidas estatales para garantizar la protección colectiva de los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular de quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente en diversas partes del país.

Ana Piquer, directora de Amnistía para las Américas

Amnistía publicó estadísticas de la ONG de derechos humanos Somos Defensores que mostraban que la violencia mortal contra líderes sociales se mantuvo entre 2019 y el año pasado.

Piquer instó a las autoridades a "adoptar medidas de protección colectiva para abordar las causas estructurales de los peligros que enfrentan los defensores y sus comunidades, especialmente en los casos de quienes defienden la tierra, el territorio y el medio ambiente."

Celebramos el anuncio del gobierno de reforzar la estrategia para adoptar planes de protección colectiva en los últimos meses, pero pedimos que la intervención del Estado sea completa, integral y coordinada.

Ana Piquer, directora de Amnistía Américas

Colombia ha sido durante años uno de los países más peligrosos del mundo para los líderes sociales que han sido víctimas de la violencia estructural por disputas territoriales y políticas que a menudo se tornan violentas, o por oponerse a los objetivos de grupos delictivos.

El gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos hizo de su protección una prioridad en el marco de un proceso de paz que se inició tras un acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC.

Pero las proclamaciones del gobierno durante décadas no se han traducido en mejoras concretas sobre el terreno. Y tras más de un año de presidencia, el gobierno de Petro no parece ser una excepción a esta tendencia.

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Las grandes historias de Latinoamérica

Guatemala sigue sacudida por las protestas contra las acciones de las élites gubernamentales para socavar al presidente electo Bernardo Arévalo. Tenemos la sensación de que cada semana mencionamos esto, pero es sólo porque, sorprendentemente, las cosas parecen seguir empeorando.

¡Pero están de suerte! El Buenos Aires Herald (editado por nuestra Pirata Amy Booth) hizo un artículo el viernes que te trae todo lo que necesitas saber. Te recomendamos que le eches un vistazo.

La semana pasada hablamos del secuestro del padre del futbolista del Liverpool Luis Díaz en Colombia. Tras dos semanas de indignación pública y negociaciones con el ELN, el grupo guerrillero responsable de su secuestro, el mayor de los Díaz fue liberado el jueves.

Tras su liberación, Díaz agradeció al público su apoyo, diciendo en su primera aparición pública: "Os quiero a todos, vuestro apoyo significó el mundo para mí".

Joshua escribió sobre esta historia, y sobre el aumento de los secuestros en general, para el London Sunday Times.

El sábado pasado, los padres del futbolista del Liverpool Luis Díaz fueron interceptados por pistoleros armados en motos en La Guajira, al noreste de Colombia. Los hombres armados se llevaron a sus padres, Cilenis Marulanda y Luis Manuel Díaz, y huyeron hacia el desierto montañoso que se extiende a lo largo de la frontera con Venezuela.

Marulanda fue liberado más tarde por los secuestradores como la policía cerró, pero el mayor Díaz sigue desaparecido, y presumiblemente bajo la custodia de los que se lo llevaron por la fuerza.

En los días siguientes, cientos de policías desplegaron la localidad de Barrancas, donde se produjo el secuestro. Inicialmente culparon a bandas locales, pero el jueves el gobierno colombiano culpó a una unidad del grupo rebelde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y exigió su liberación.

Ese mismo día, el ELN prometió liberar a Díaz en cuestión de días.

El gobierno colombiano y el ELN, tras casi un año de negociaciones, firmaron en agosto un alto el fuego de 6 meses.

La historia ha capturado la imaginación pública y ha dominado los titulares en el país, donde el fútbol es una pasión nacional y Díaz es una figura muy querida. Pero más allá de la resonancia cultural de un futbolista icónico, el incidente también representa una grave amenaza para los planes de "Paz Total" del Presidente Gustavo Petro para el país, que implican negociar directamente con los grupos armados criminales a cambio de su eventual desarme.

El ELN no tiene una estructura de mando claramente jerarquizada, y cada "frente" opera con cierto grado de autonomía regional. Los comentarios públicos de los representantes del ELN, aunque no lo dijeron abiertamente, sugieren que el secuestro es un lapsus de disciplina y no una decisión vertical de los altos mandos.

Sin embargo, Carlos Velandia, un ex comandante del ELN que ha trabajado como asesor informal del gobierno durante el proceso de negociación, calificó el secuestro como "un acto de la mayor gravedad posible a la luz del cese al fuego bilateral entre el gobierno y el ELN", no sólo porque representa una violación de los protocolos de cese al fuego y por razones básicas de derechos humanos, sino también porque el acto "no sirve a ningún propósito de negociación, y pone en peligro los procesos de paz en curso".

"Esto ejerce una intensa presión sobre un delicado hilo que podría romperse en cualquier momento", dijo, refiriéndose a esos procesos.

Las anteriores negociaciones entre el Gobierno y el ELN han fracasado en cinco ocasiones, la última en 2019, después de que el ELN bombardeara una academia de policía en Bogotá en un ataque en el que murieron 21 personas y decenas más resultaron heridas.

La violencia en las zonas rurales está aumentando, una continuación de una tendencia que comenzó con el ex presidente Iván Duque y que Petro ha sido aparentemente incapaz de detener. Se han producido 76 masacres en lo que va de año, y los secuestros también están aumentando, con un incremento del 70% en los primeros 9 meses de 2023 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El aumento ha evocado oscuros recuerdos en Colombia de la guerra civil, cuando los secuestros para obtener rescate eran habituales y una parte importante de la forma en que los grupos armados criminales financiaban sus actividades.

Hasta el momento, el gobierno no ha suspendido las conversaciones con el ELN, pero muchos expertos lo consideran una clara posibilidad. El tema de los secuestros en concreto fue un punto álgido en los días previos al alto el fuego de agosto, ya que los negociadores del ELN sugirieron en su momento que no se prohibirían específicamente en los protocolos acordados.

El gobierno rechazó enérgicamente esa afirmación, pero según la experta andina de International Crisis Group Elizabeth Dickinson los documentos firmados por ambas partes no son claros al respecto.

El secuestro por parte del ELN ha suscitado ira popular contra el grupo rebelde, así como críticas a Petro por parte de sus detractores. Petro ha visto caer sus cifras de aprobación en los últimos meses y su coalición sufrió una estrepitosa derrota en las elecciones locales de la semana pasada.

Es probable que este secuestro aumente el descontento en las regiones asoladas por el conflicto, a medida que los habitantes de las zonas rurales se sientan frustrados por la falta de progreso en "Paz Total".

"El ELN hoy es responsable de la vida del padre de Luis Díaz", dijo el presidente Petro desde Washington, donde asiste a una cumbre regional. "Han realizado un acto que va en contra del propio proceso de paz. Expreso mi más profundo rechazo"

La delegación de paz del gobierno a cargo de las negociaciones con el grupo rebelde exigió el viernes la liberación de Díaz y advirtió que llevará el caso ante el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego bilateral.

La misión de Naciones Unidas en el país que verifica estos mecanismos indicó que la denuncia será procesada de acuerdo con los protocolos y expresó su disposición a colaborar en la resolución de la situación.

Mientras tanto, el gobierno ha desplegado aviones de búsqueda en la región y ofrece una recompensa de 40.000 dólares por información que conduzca al regreso de Díaz.

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Continúan las protestas masivas en Guatemala a pesar de la represión policial del presidente saliente, Alejandro Giammattei. En la última ronda de intentos de las élites políticas por interferir en la aplastante victoria del presidente electo Bernardo Arévalo, el Poder Judicial Electoral disolvió el partido Semilla de Arévalo. Se trata de una decisión sin precedentes en la historia de Guatemala, cuyas consecuencias inmediatas no están claras.

La mayoría de los abogados, sin embargo, predicen que Arévalo aún podrá asumir el cargo. Es probable que los legisladores de su partido se vean obligados a convertirse legalmente en independientes, una clasificación que les impide formar parte de comisiones del Congreso u ocupar cargos de liderazgo.

La OAC y Estados Unidos han criticado duramente la decisión y han impuesto una nueva ronda de sanciones a varios destacados políticos guatemaltecos.

Bolivia rompió sus relaciones diplomáticas con Israel por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el asedio a Gaza. Colombia, Chile y Honduras también retiraron a sus embajadores de Israel esta semana, cada uno de ellos criticando la política israelí.

Israel respondió afirmando que esos países apoyaban el "terrorismo", pero no tomó más medidas. El país mantiene fuertes relaciones comerciales y de seguridad especialmente con Colombia, situación que explicamos en profundidad hace dos semanas.

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