A pesar de 67 muertes de manifestantes y un índice de aprobación del 15%, es probable que Boluarte se aferre al poder en Perú
Las brutales medidas represivas, acuerdos desconocidos y un Congreso profundamente impopular le han permitido lograr lo que sus predecesores no consiguieron: mantenerse en el cargo.
Viernes Santo, 6 de abril. Alrededor de las 4 y 30 de la tarde, unos treinta agentes de la Policía Nacional irrumpieron en la Plaza de Armas de Ayacucho. Equipados con cascos, garrotes y escudos, cercaron un área al frente a la sede de la gobernación regional. Sin mediar explicación, empujaron a un grupo de artistas urbanos que venía trabajando en una alfombra floral. Los policías pisotearon el mensaje que estaban dibujando, el Quinto Mandamiento: “No matarás”.
Los artistas ayacuchanos realizaban la alfombra en homenaje a las diez personas que fallecieron en la protesta del 15 de diciembre del 2022, producto de la represión policial y militar. Uno de ellos, Christopher, tenía 15 años y murió cuando una bala atravesó su tórax.
Albert Barrios, uno de los artistas presentes, contó a Pirate Wire Services que, tras unos minutos de discusión, los agentes decidieron irse y ellos pudieron terminar su intervención. Pero en la noche, cuando concluyó la tradicional procesión del Santo Sepulcro, los policías volvieron y “empezaron a empujar a todas las personas que resguardaban la alfombra”.
“Lo que hicieron fue borrar toda la alfombra, caminaban raspando el piso con sus escudos. La población empezó a gritarles ‘asesinos’”, recuerda Albert.
El saldo de la protesta
La protesta del 15 de diciembre fue una de las tantas manifestaciones que se realizaron, luego del intento de autogolpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y su posterior destitución por parte del Congreso unicameral. Desde entonces, se reportaron protestas y bloqueos en Puno, Cusco, Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Lima, además de otras regiones del país.
Si bien las primeras consignas apuntaban a defender el régimen de Castillo —quien había sido apresado en su intento de asilarse en México—, el tenor de las demandas cambió con los días y se convirtió en un “que se vayan todos”, dirigido principalmente contra el Parlamento y la nueva presidenta, Dina Boluarte.
Hasta el momento, y según la Defensoría del Pueblo, 67 personas han muerto en el contexto de las manifestaciones. 49 eran civiles que fallecieron mientras ejercían su derecho a la protesta y, así como Christopher, al menos treinta perecieron a causa de proyectiles de arma de fuego, de acuerdo a autopsias a las que accedió The Associated Press.
A mediados de marzo, The New York Times publicó un exhaustivo reportaje en el que reveló que las fuerzas de seguridad peruanas respondieron “con fuerza excesiva” a las protestas contra el gobierno. La cobertura, que analizó cientos de videos e imágenes, concluyó que se utilizaron escopetas con munición letal y rifles de asalto contra “los manifestantes que huían” y “personas desarmadas que estaban a cientos de metros de distancia”.
Además de las muertes, la represión ordenada por el gobierno de Dina Boluarte acumula detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de manifestantes, y actos de violencia contra periodistas. Ante este escenario, expertos en Derechos Humanos de la ONU han exigido un alto a la violencia y una investigación exhaustiva de los hechos.
Un Gobierno en "modo supervivencia”
El 4 de abril, el Congreso decidió no tramitar una moción de vacancia contra Dina Boluarte. El pedido, presentado por grupos parlamentarios de izquierda, exigía la salida de la presidenta a causa de las muertes ocurridas durante las protestas. Con 37 votos a favor, 64 en contra y diez abstenciones, la iniciativa terminó archivada.
Este ha sido, hasta el momento, el único intento de una minoritaria parte del Congreso para sacar a la mandataria de Palacio de Gobierno. Entre los grupos que buscaban removerla está el partido Perú Libre, por el cual Pedro Castillo y ella fueron elegidos presidente y vicepresidenta, respectivamente, en el 2021.
¿Por qué el resto de fuerzas políticas elige sostener su gobierno? En diálogo con este medio, la politóloga peruana Katherine Zegarra señaló que “en una democracia, que haya más de 60 personas fallecidas por protestas sociales significaría la salida no solamente del Gabinete, sino del presidente”.
Sin embargo, en este caso, la especialista afirma que una mayoría de congresistas la sostiene “porque hay acuerdos que no conocemos” y, además, “está claro que ellos buscan mantenerse en su cargo el mayor tiempo posible”. “Incluso hay parlamentarios que invitan a la presidenta a que haya una mayor represión y uso de violencia contra los protestantes”, cuestionó.
En el Perú, una reforma constitucional del 2018 prohibió la reelección inmediata de legisladores y, si llegasen a vacar a la actual mandataria, la Constitución obliga la convocatoria de elecciones generales. De los 130 integrantes del Congreso actual, 121 son personas que accedieron por primera vez a un cargo por el que recibirán 110 mil soles peruanos por año, unos USD 29 mil, hasta julio del 2026.
Más allá de ello, Zegarra evalúa que Dina Boluarte “está sobreviviendo a partir de acuerdos débiles, cortoplacistas y que no se sabe a dónde la llevarán”. De acuerdo a la encuesta de marzo realizada por el Instituto de Estudios Peruanos, solo el 15% de peruanos aprueba su gobierno, mientras que un 78% lo rechaza. En el caso del Congreso, el panorama es más desolador: solamente el 6% lo aprueba y acumula un 91% de rechazo.
¿Golpe o autogolpe?
La mañana del 7 de diciembre, el entonces presidente Pedro Castillo anunció su decisión de disolver el Congreso de la República e iniciar una reorganización del aparato judicial. “Tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el estado de derecho y la democracia”, subrayó en su mensaje a la ciudadanía.
Su anuncio, sin embargo, fue seguido de la renuncia de casi todo su Gabinete, en claro rechazo al quiebre del orden constitucional. El Congreso tenía en agenda para ese día la votación de un pedido de vacancia en su contra. Y aunque al inicio de la jornada se conocía que no había los votos necesarios para vacar a Castillo, el intento autogolpe terminó por inclinar la balanza hacia su destitución.
Cinco días después, los gobiernos de México, Argentina, Colombia y Bolivia emitieron un comunicado conjunto en el que reconocían a Pedro Castillo como presidente. En declaraciones públicas, los presidentes Andrés Manuel López, Gustavo Petro y Luis Arce se solidarizaron con Castillo.
El mandatario colombiano afirmó en su momento que su destitución se debió a su origen “de la sierra” y “porque es pobre”. El jefe de Estado mexicano, por su lado, acusó a Boluarte de ser una “presidenta espuria” y otorgó asilo a la familia de Castillo, quien permanece detenido por el delito de rebelión. A finales de febrero, el gobierno del Perú retiró a su embajador de México.
En este contexto, desde distintos sectores de la izquierda latinoamericana afirman que hubo un golpe de Estado contra Castillo, orquestado por la derecha peruana en el Parlamento. ¿Qué ocurrió, entonces, realmente?
Para Zegarra, ambas narrativas pueden convivir. Por un lado, afirma, es cierto que “el Parlamento ha sido una institución que sí amenazaba la durabilidad del gobierno de Pedro Castillo, ya que se habían presentado una serie de mociones de vacancia desde el día uno”.
Pero, añadió, “no se puede negar que lo que resultó de la vacancia de Castillo es una respuesta de diversas instituciones que quisieron preservar la democracia ante un presidente que quiso quebrarla”. “Él llamó a un autogolpe de Estado, eso no se puede negar y es por ello que cae”, remarcó.
En tanto, la politóloga recordó que en el Perú existe “un gran vacío legal” respecto de los pedidos de vacancia por incapacidad moral permanente y su significado. Desde 2016, esta herramienta fue usada para destituir a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y, más recientemente, Pedro Castillo.
“Este vacío hace especialmente débiles a todos los presidentes que no tengan presencia mayoritaria en el Congreso, que es lo que ha sucedido en su mayoría”, advirtió Zegarra.
Durante ese Viernes Santo en la plaza principal de Ayacucho, Albert Barrios vio cómo agentes encubiertos de la Policía fotografiaban a los artistas que realizaron la alfombra en Viernes Santo. “Si algo llegara a pasarnos a quienes la hicimos o a las personas que salimos a protestar, es por culpa de este gobierno”, dice, y lamenta que “en este Perú, no hay garantías para tener una vida tranquila”.