El 'Paro Armado Nacional' del ELN demuestra su creciente poder
El 'Paro Armado Nacional' del ELN demuestra su creciente poder
El impacto de las acciones armadas arroja serias dudas sobre las afirmaciones del gobierno de que están haciendo retroceder a los rebeldes.
“Cúcuta está paralizada”, dijo Ulises Haidar, periodista de la ciudad fronteriza con Venezuela. “Las vías que conectan a la ciudad están cerradas. Es como un juego. Ayer el Ejército de Liberación Nacional (ELN) puso algunas bombas en las carreteras, hoy algunas más. ¿Quién sabe lo que harán mañana?”
El ELN es un grupo revolucionario de izquierda que no reconoce el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Colombia y las FARC en 2016 y ha estado en guerra con el gobierno colombiano desde los 1960s. La semana pasada, impusieron un “Paro Nacional Armado” de 72 horas en las regiones de Colombia que controlan, cerrando infraestructura crítica como la Carretera Panamericana.
Durante el paro, Indepaz, una organización que monitorea la paz, registró 65 incidentes en 17 departamentos, incluidos bloqueos de carreteras, camiones quemados, bombardeos y un ataque armado a una estación de policía.
Estas acciones muestran claramente que el poder del grupo está aumentando: un paro similar en marzo de 2020 vio sólo 27 incidentes en nueve departamentos, según cifras del tribunal de paz de Colombia. Sin embargo, a pesar de que el gobierno afirma que su acción militar agresiva contiene las fuerzas del ELN, existen imágenes que muestran a guerrilleros uniformados patrullando abiertamente las localidades bajo su control.
“Cuelgan sus banderas en la carretera”, dijo Haidar, “y todos tienen miedo de quitarlas. Incluso el ejército.”
ELN anunció el paro armado del 26 al 28 de febrero con una semana de anticipación, en una declaración pública en la que denunciaron el “capitalismo narcoterrorista” del “gobierno del mal”, citando lo que afirman es la complicidad del gobierno en el narcotráfico y el aumento de la violencia contra los activistas colombianos.
El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró públicamente a los colombianos que el Estado no permitiría que el paro del ELN perturbe el transporte en ninguna parte del país. “Colombia no se dejará intimidar por unos panfletos del ELN”, dijo. “El país debe confiar en las capacidades de nuestra fuerza pública. El ELN no son más que unos cobardes que se esconden en Venezuela”.
Durante el paro, señaló las detenciones de cinco miembros del ELN como evidencia de que el grupo estaba perdiendo poder. Sin embargo, las operaciones del ELN no se han visto reducidas por las fuerzas armadas, que no emprendieron medidas importantes contra el paro. Muchos comentaristas se apresuraron a comparar esa falta de respuesta con la brutal represión policial que mató a decenas de manifestantes durante protestas civiles masivas el año pasado.
Después del desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), —que se dio como parte del acuerdo de paz de 2016 que puso fin a su guerra de 52 años contra el gobierno—, el vacío creado fue llenado rápidamente por una plétora de grupos armados, desde fuerzas disidentes de las FARC hasta fuerzas de ultraderecha y narco-paramilitares como el Clan del Golfo. Las guerras territoriales resultantes han provocado un gran aumento en la violencia: 2021 vio la mayor cantidad de masacres desde 2014 y el país todavía tiene la mayor cantidad de asesinatos de activistas y líderes sociales en el mundo. El ELN parece haber sido el más beneficiado, creciendo sustancialmente tanto en número como en territorio.
El ELN rechazó el acuerdo de 2016 y, después de que el gobierno suspendiera las conversaciones, bombardeó una academia de policía en Bogotá en 2019, matando a 21 personas. Desde entonces, Duque ha ordenado a las fuerzas de seguridad atacar las operaciones y operativos del ELN, incluso utilizando a la fuerza aérea para bombardear campamentos. Las incautaciones de drogas y los arrestos son comunes, pero no han frenado el crecimiento de los disidentes.
Los colombianos van a elecciones legislativas el 15 de marzo, y las víctimas de la guerra civil tienen garantizados un número de escaños en el Congreso por primera vez, como parte de un fallo reciente de la Corte de Paz de Colombia. El actual favorito de izquierda para las elecciones presidenciales de mayo, Gustavo Petro, ha prometido reiniciar el diálogo con grupos armados como el ELN, así como volver a implementar aspectos del acuerdo de paz que la actual administración ha obstruido o ignorado, como las inversiones en zonas de conflicto.
“El gobierno afirma que controla [estas zonas de conflicto]”, dijo Haidar, “y que las estructuras criminales están en declive. Pero no es verdad." Solo en el departamento de Norte Santander, en el último año, el ELN atacó el helicóptero presidencial, plantó dos coches bombas, uno de los cuales explotó frente a una base militar en Cúcuta, y atacó el aeropuerto; todo mientras se libraba una guerra contra media docena de otros grupos armados en la región.
“Este paro armado muestra aún más lo que todos los que vivimos aquí ya sabíamos”, continuó Haidar. “Estas regiones han sido básicamente abandonadas por el Estado y los grupos armados se han tomado”.
“Como siempre en la guerra”, lamentó, “son los civiles los que más sufren”.