En Latinoamérica, el Día Internacional de la Mujer es más relevante que nunca
Millones de latinoamericanas han conseguido acceso despenalizado al aborto, pero la violencia, los femicidios y la brecha salarial de género son prueba de por qué el 8 de marzo es todavía una protesta
Cada 8 de marzo, las redes sociales se ven inundadas con un debate muy específico: ¿es apropiado desear un feliz Día Internacional de la Mujer a alguien? Hay quienes argumentan que la fecha es un momento importante para hacer un balance de los logros conseguidos por el feminismo y sacar fuerza de ellos. En cambio, hay quienes dicen que las felicitaciones resultan banales en una jornada de lucha: solo durante protestas este año, la policía atacó con gases lacrimógenos a mujeres en Ecuador y otras 8 fueron heridas en Ciudad de México.
Podría parecer un punto menor, pero es solo una parte de un problema más grande: incluso si las feministas de muchos países celebran los progresos alcanzados en materia de derechos para abortar, la terrorífica cantidad de femicidios y la perniciosa brecha salarial de género muestran que el patriarcado está vivo y bien, a pesar de nuestros mejores esfuerzos.
Desde diciembre del 2020 hasta la fecha, Argentina, México y Colombia han revocado las prohibiciones para abortar que habían sido impuestas incluso desde el siglo XIX. Esto significa que en una región en la que aún prevalecen algunas de las más duras leyes antiaborto, este procedimiento es ahora legal en 3 de los 4 países con más población. Es un cambio importante en el balance de poder entre los movimientos feministas y la iglesia católica, institución con varios siglos en la región.
En Chile, la semana pasada, la asamblea encargada de redactar su nueva constitución aprobó incorporar una sección que garantiza derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto. El texto aún debe ser votado en una instancia posterior y, además, la constitución misma deberá ser sometida a referéndum popular más adelante. Sin embargo, las expectativas son altas: el presidente Gabriel Boric, que juró al cargo el pasado 11 de marzo, ha manifestado su apoyo al derecho a abortar.
Pese a estas victorias, sectores conservadores continúan haciendo sus mejores esfuerzos para cortar de raíz distintas iniciativas proaborto. En enero del 2021, se aprobó en Honduras una reforma constitucional que prohíbe el aborto, solo modificable con los votos de tres cuartas partes de su congreso unicameral. El aborto ya era ilegal, pero la reforma significa que sería casi imposible legalizarlo por voto parlamentario. Una noticia lamentable en un país donde el aborto está fuera de la ley incluso en casos de violación, la píldora anticonceptiva de emergencia está prohibida, y el 25% de las mujeres quedan embarazadas antes de cumplir 19 años. En áreas rurales la cifra se eleva al 30%, en parte debido a la recurrencia de violaciones y casos de incesto, de acuerdo a un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El martes pasado, Guatemala aprobó una ley que aumenta los años de condena por abortar de 3 a 10 años, prohíbe el matrimonio igualitario, e insta a las escuelas a no enseñar nada que pueda “desviar las identidades de género de nacimiento”.
Las políticas públicas progresistas en la región no se limitan al aborto. En Argentina, se han aprobado leyes y reglamentos que permiten cupos laborales para personas travestis, transexuales y transgénero; el acceso a documentos de identidad no binarios; y una serie de iniciativas respecto a la “justicia menstrual”, que buscan combatir estigmas y gastos asociados a las mujeres y personas menstruantes.
A pesar de estos logros, el país mantiene estadísticas terribles respecto de crímenes contra mujeres. Según un informe del observatorio de violencia de género Ahora Que Sí Nos Ven, en 2021 hubo 256 femicidios y la cifra no parece mejorar: se ha pasado de un femicidio cada 34 horas a uno cada 26 horas en lo que va del 2022. Además, una de cada 10 es asesinada por un miembro de las fuerzas de seguridad. El colectivo ha manifestado que la estadística ha variado muy poco desde que empezaron a medirla hace 6 años.
El problema de la cultura de la violación fue graficado precisamente una semana antes del Día Internacional de la Mujer, cuando un grupo de seis jóvenes perpetró una violación grupal contra una mujer dentro de un vehículo estacionado en un concurrido barrio de Buenos Aires, a plena luz del día. Los implicados fueron capturados en el mismo lugar. El incidente causó revuelo, condena y capturó los titulares de los días siguientes.
El grupo de violadores estaba compuesto de jóvenes estudiantes de clase media y un militante de una agrupación política afiliada al Frente de Todos, actual coalición gobernante. El implicado fue expulsado. Estas características pueden haber ayudado a destacar el hecho —a veces dejado de lado— de que los hombres violentos habitan todos los sectores de la sociedad, pero las feministas argentinas saben además que el incidente resultó llamativo debido a su flagrancia, no porque sea raro.
En enero, Pamela Julia Flores, una niña indígena de 12 años de la comunidad Wichí, fue asesinada y su cuerpo hallado en una carretera en la provincia norteña de Salta. Un joven de 17 años fue arrestado, pero la familia de Pamela cree que hay otros implicados. Activistas indígenas señalan que hay muchos casos como este, cometidos frecuentemente por hombres no indígenas. Pese a su recurrencia, esta violencia es ignorada: varios de los medios más importantes del país no le dedicaron ni un solo titular.
Pero la cultura de impunidad de la violencia contra mujeres indígenas supera el territorio argentino. En el departamento colombiano de Guajira, las mujeres de la comunidad Wayuu han estado marginadas desde hace muchos años, siendo presas habituales de distintos grupos armados e incluso de hombres de sus propias comunidades. Las activistas que se oponen a estos problemas han recibido amenazas de muerte, han visto cómo grupos criminales intentan reclutar forzosamente a sus hijos, o simplemente han sido asesinadas.
En Bolivia, una relatoría de la ONU especializada en independencia judicial alertó en febrero sobre “una peligrosa brecha en el acceso a la justicia para las mujeres”, destacando que la violencia de género empeoró durante la pandemia y que muchos femicidios nunca fueron siquiera investigados y mucho menos resueltos.
Mientras los movimientos de la marea verde inspiran a que en muchos países se presione más que nunca por el derecho a poder interrumpir un embarazo, las legalizaciones aprobadas en Colombia, México y Argentina han logrado que las activistas empiecen a definir cuál será el próximo objetivo.
Virginia Tognola, una feminista argentina y activista del movimiento Nuestramérica, cree que es posible incorporar al mundo del trabajo a las demandas: quién tiene un trabajo, cuánto recibe de paga, y qué trabajos son reconocidos como tales en general. “Este año, una de las consignas principales consensuadas por todas las organizaciones que estuvieron en la marcha [por el Día Internacional de la Mujer] fue el reconocimiento de las tareas de cuidado. Reconocimiento económico y social, con salario y jubilación”, explicó.
En el tercer trimestre del 2021, el 72% del trabajo doméstico no pago en Argentina era realizado por mujeres, en línea con el promedio regional del 73%. Durante la pandemia, la distribución desigual del trabajo doméstico recayó de manera aún más desproporcionada sobre las mujeres en Latinoamérica y el Caribe. La pandemia del COVID-19 ha exacerbado la feminización de la pobreza, un concepto referido a problemas como la sobrerrepresentación de las mujeres en los sectores más pobres y a la mayor posibilidad de que nosotras tengamos trabajos precarios y mal pagos.
Tognola y otros concuerdan que hay un grupo que tranquilamente podría estar haciendo mucho más para mejorar la situación de las mujeres, niñas y personas no binarias: los hombres. Durante mucho tiempo, las mujeres hemos tenido la responsabilidad de no caminar solas a casa, de evitar ser “provocativas” en nuestros trabajos, y de cuidar a nuestras hijas porque los niños son como son. Pero si todas las mujeres tenemos amigas que han sido abusadas y ningún hombre conoce a un abusador, entonces algo anda mal con las cifras.
Activistas feministas señalan que es hora de que los hombres hagan un examen de conciencia sobre su masculinidad. “Siento que el rol de los hombres viene muy, muy flojo”, dice Tognola. “Si bien en un momento sí habían empezado a tomarse en serio la cuestión de las masculinidades y de la violencia machista que ejercían sobre los otros cuerpos que no son varones cis, hoy en día esos debates son casi inexistentes entre varones”.
Ella siente que la pandemia ha hecho que los hombres se concentren en otras luchas que ellos consideran más urgentes. “Pero para nosotras las feminidades, siempre es una urgencia atender a eso”, dice. “Nos cuesta la vida”.
Traducción de Paulo Rosas Chávez