Guatemala puede estar abocada a la confrontación
Mientras los manifestantes toman las calles, los fiscales siguen intentando bloquear al presidente electo Arévalo
El proceso democrático en Guatemala sufrió un duro golpe la semana pasada, el más duro hasta la fecha para el Presidente electo Bernardo Arévalo, a quien la élite política guatemalteca ha intentado hacer descarrilar mediante una serie de medidas corruptas desde que ganó abrumadoramente las elecciones presidenciales en agosto.
En una rueda de prensa celebrada el 16 de noviembre, la Fiscalía guatemalteca pidió el desafuero de Arévalo, su vicepresidenta electa Karin Herrera y tres altos cargos de su partido político, Movimiento Semilla, en el marco de una investigación penal sobre las protestas estudiantiles en la Universidad de San Carlo entre 2022 y 2023.
Los fiscales afirman que Arévalo y su partido utilizaron las protestas y la posterior ocupación de la Universidad por los estudiantes para impulsar sus campañas políticas. Si se confirma la acción de la fiscalía, podría allanarse el camino para la detención de Arévalo antes de que tome posesión de su cargo en enero.
La actuación de la Fiscalía no es más que la última de una serie de acciones contra Arévalo, tanto durante la campaña como después, que incluyeron redadas en las oficinas de campaña de los candidatos de Semilla y amenazas legales de disolver el partido, incluso contra candidatos al Congreso que acababan de obtener un escaño.
En abril de 2022, los estudiantes tomaron la Universidad de San Carlos, la única universidad pública de Guatemala, tras lo que consideraron la elección fraudulenta del nuevo rector de la escuela, Walter Mazariegos. Dijeron que durante la votación de estudiantes, profesores y administradores, Mazariegos sólo permitió votar a quienes votarían por él.
El Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a Mazariegos por oprimir los procesos democráticos y ocupar el cargo de rector tras lo que calificó de proceso fraudulento.
Las posteriores ocupaciones estudiantiles de la Universidad provocaron cuantiosos daños materiales. Poco después de que terminaran, en junio, los fiscales acusaron a los periodistas que cubrieron el movimiento estudiantil de una serie de cargos considerados fraudulentos, desde laver dinero hasta "sedición".
Elementos corruptos del gobierno guatemalteco parecen estar ampliando ahora las persecuciones para incluir a Arévalo y a su partido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y representantes del gobierno de Estados Unidos rechazaron enérgicamente la última medida de los fiscales.
En una declaración pública, la CIDH afirmó que la organización "rechaza el ejercicio abusivo del poder", describiendo la persecución de Arévalo como "un atentado contra el orden democrático, el proceso de transición presidencial en curso y el ejercicio individual y colectivo de las libertades civiles y políticas en el país".
Arévalo, que se presentó con una campaña anticorrupción, provocó la ira de la clase política conservadora de Guatemala, profundamente arraigada, tras una sorprendente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de junio. Desde entonces, fiscales vinculados a la corrupción -muchos de ellos sancionados por Estados Unidos- han tratado repetidamente de debilitar a Semilla con acusaciones de conducta delictiva no respaldadas por pruebas.
Han intentado suspender por completo al partido con acusaciones poco sólidas, así como perseguir a otros candidatos de Semilla. Hasta ahora, sin embargo, no habían implicado directamente al presidente electo en un caso penal.
La última medida también se produce en medio de grandes protestas contra el presidente en funciones, Alejandro Giammattei, en gran parte debido a las medidas que su administración ha tomado contra Arévalo. En las últimas semanas, Giammattei ha desplegado a la policía antidisturbios contra los manifestantes, que en ocasiones han bloqueado las carreteras del país.
Los manifestantes afirman que Giammattei está intentando dar un "golpe de estado" contra el presidente electo, un término que muchos expertos consideraron una hipérbole en su momento, pero que a la luz de las recientes acciones del gobierno parece ahora totalmente posible.
Arévalo, en comentarios públicos el jueves, calificó las acciones de la Fiscalía General como "un asalto a la democracia", antes de describir las acciones de la élite guatemalteca como "Un golpe de estado orquestado por la fiscal María Consuelo Porras".
Porras lleva años debajo sanciones por parte de Estados Unidos, que la acusa de haber utilizado el poder de su cargo para proteger a políticos corruptos. También ha sido acusada de bloquear investigaciones de jueces e investigadores guatemaltecos a instancias del presidente en funciones Giammattei.
Porras niega las acusaciones, afirmando que ha sido víctima de una campaña de difamación mediática sesgada. Los manifestantes, que llevan casi 50 días en las calles, exigen su dimisión.
Los líderes indígenas del movimiento social han prometido permanecer en las calles hasta que Arévalo tome posesión de su cargo.
Mathew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, anunció el 16 de noviembre restricciones de visado para casi una docena de funcionarios guatemaltecos.
En una declaración pública escrita, escribió: "Estados Unidos rechaza inequívocamente los continuos y descarados esfuerzos por socavar la transición pacífica del poder en Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo. También condenamos las redadas y detenciones por motivos políticos dirigidas contra miembros del partido Semilla."
Sin embargo, parece que los manifestantes van a por todas, y si continúan los esfuerzos para bloquear a Arévalo, el gobierno en funciones podría enfrentarse no sólo a la presión en el frente internacional, sino también en las calles.
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