La detención de manifestantes anti-FMI es una señal de criminalización de la protesta en Argentina
La detención de manifestantes anti-FMI es una señal de criminalización de la protesta en Argentina
Abogados y activistas indican que la evidencia dudosa y las acusaciones desproporcionadas son un signo de advertencia
La historia que estoy por contar es una que no ofrecí a medios internacionales porque una de las personas involucradas, Jaru Carrero Rodríguez, es mi amigo. Se supone que los periodistas no escribimos historias sobre personas que conocemos porque, ¿cómo podríamos hacer una cobertura balanceada y neutral cuando alguien cercano se está jugando el pellejo?
En este negocio existe la creencia profunda de que la mejor persona para hacer una cobertura es el observador objetivo, que no tiene participación en los hechos ni conexión con los eventos, y quien podría, teóricamente, ofrecer a todas las partes una voz en el texto.
En la práctica, este ideal platónico es similar a cazar unicornios, porque ningún periodista tiene una habilidad divina para desapegarse de sus experiencias vividas y convertirse en ser omnisciente. Yo no sé cómo podría contar esta historia si no conociera a Jaru y el debate sobre la objetividad en el periodismo excede el ámbito de este newsletter. Porque no somos Reuters. Somos un pequeño newsletter y podcast y hablamos desde el corazón. Y yo siento que esta historia necesita ser contada.
La plaza a las afueras del Congreso argentino estaba oscurecida por el espeso humo negro que emanaba de una efigie con las iniciales “FMI”. A medida que las llamas consumían los pedazos de cartón y las varas de madera, los manifestantes azuzaban la pira con neumáticos, cubriendo sus rostros con pañuelos para defenderse del COVID-19, del humo y de las autoridades.
Al interior del recinto, los diputados argentinos debatían el acuerdo para reestructurar una deuda de US$45 mil millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tomada por el expresidente conservador Mauricio Macri en 2018. Una recesión prolongada y plazos de pago ajustados hicieron que Argentina no pueda devolver el dinero. El actual gobierno de centro-izquierda del presidente Alberto Fernández estuvo buscando firmar un acuerdo y así evitar el default por no poder realizar el pago correspondiente a marzo.
Pero muchos sectores, incluidos algunos de la misma coalición de gobierno de Fernández, reclaman que la deuda debía ser minuciosamente auditada y, en el mejor de los casos, quedar impaga. Como sustento, destacan que el acuerdo inicial violó los propios estatutos del FMI, que no está claro en qué se utilizó el dinero, y que las condiciones del nuevo acuerdo, como las alzas en los servicios básicos, afectarán más a los pobres en un país donde más del 40% de la población vive por debajo de la línea de pobreza.
Mientras las llantas ardían, algunos protestantes manifestaron su ira rompiendo y sacando trozos de pavimento que luego aventaron contra la impávida fachada del Congreso. Algunos de estos proyectiles, por accidente o adrede, impactaron contra las ventanas de la oficina de la todopoderosa vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Cuando un grueso muro policial inició su avance contra los protestantes, blandiendo escudos que destellaban como ojos de insectos, los movimientos sociales empezaron a replegarse. En medio de ello, un hombre lanzó una bomba molotov contra la policía e hirió a un agente.
En los días siguientes, al menos tres sospechosos fueron arrestados por estar supuestamente envueltos en hechos de violencia. Imágenes que los mostraban esposados aparecían con una música amenazante en distintos portales informativos. Los periódicos destacaron que uno de los detenidos era un inmigrante venezolano y otro, beneficiario de programas sociales. Los abogados defensores señalan algunas deficiencias alarmantes en las pruebas que se usan contra ellos. Mientras, activistas temen que el trato que reciben estos manifestantes sea una señal de lo que está por venir.
Julián Lazarte, de 31 años y oriundo de la zona oeste de Buenos Aires, está en prisión preventiva acusado de delitos federales, entre ellos el de intimidación pública. Basados en la evidencia brindada por las cámaras de la policía y material periodístico, la fiscalía señala que él lanzó piedras y arrojó el cóctel molotov que hirió al agente policial.
Pero la evidencia que sustenta las acusaciones es débil, según su abogada, María del Carmen Verdú. Imágenes tomadas detrás de las líneas policiales muestran que, mientras los manifestantes se retiraban, Lazarte y sus compañeros usaban sus brazos para formar un cordón y permitir la salida a otros protestantes. Un breve clip lo muestra levantando su brazo durante unos tres segundos. Para los fiscales, esa sería la evidencia de que arrojó una piedra.
“Es todo lo que hay en contra del compañero”, dice Verdú. “En el peor de los casos tiró un cascote que se advierte en la escena que no rompió a nada ni le pegó a nadie”.
Otro video muestra a dos hombres agachados junto a un árbol, metiendo trapos en una botella que luego arrojaron a la policía. Los fiscales afirman que el análisis antropométrico y la existencia de un tatuaje ofrecen motivos suficientes para creer que uno de los hombres es Lazarte. Pero Verdú señala que el hombre en el video viste una ropa diferente. El informe antropométrico afirma que ambos sujetos tienen narices similares, pero el hombre en el video está usando una mascarilla. Más aún: el tatuaje que aparece es poco más que un grupo de píxeles oscuros —y está en el otro brazo.
Jaru Carrero Rodríguez, un activista de 29 años y trabajador venezolano de una app de delivery, también fue arrestado por estar presuntamente involucrado en estos hechos. Desde el inicio, fue acusado de asociación ilícita, un delito que según el código penal argentino implica ser parte de un grupo de tres o más personas con el propósito de delinquir. Es castigado con penas entre tres y diez años de prisión efectiva, y es comúnmente utilizado para acusar a bandas criminales y redes de corrupción.
Según el abogado de Carrero, Martín Alderete, un reporte de la policía antiterrorista señala que ningún material obtenido en la marcha lo muestra cometiendo algún acto violento. Pero el solo hecho de pertenecer a un grupo sería suficiente para procesarlo por asociación ilícita, aun si el acusado no cometió ningún crimen. Así, los fiscales bonaerenses sientan un escalofriante precedente al lanzar estas acusaciones contra miembros de un movimiento social únicamente por participar de una protesta que se tornó violenta.
Se espera que este caso pase de la justicia porteña a una corte federal, donde es probable que se desestime el alegato sobre que el movimiento social de Carrero, CUBa-MTR (Coordinadora de Unidad Barrial – Movimiento Teresa Rodríguez) es una asociación criminal.
Un tercer detenido, Oscar Santillán, recibía dinero del Estado por ser beneficiario de un programa social. Tras su arresto, el ministro de Desarrollo Social argentino, Juan Zabaleta, tuiteó que el beneficio sería dado de baja. Es decir, ya no recibiría más la ayuda económica. Santillán, como los otros acusados, aún no ha sido hallado culpable de ningún cargo.
Sin embargo, las declaraciones del ministro tocaron una fibra respecto de las protestas: muchos grupos sociales son organizaciones de clase trabajadora que marchan para demandar mejores empleos y condiciones de vida básicas para sus comunidades. Este hecho envía la señal preocupante de que cualquiera que vaya a una protesta que pueda volverse violenta podría ser arrestado y, además, expulsado del programa social del que sea beneficiario.
Argentina tomó su primer préstamo del FMI en 1956, durante la dictadura militar de Pedro Aramburu. Años después, en la misma semana en que otra brutal dictadura tomó el poder en 1976, el FMI aprobó y otorgó otro préstamo a la junta militar de turno. Por ello, hoy en día, muchos argentinos sienten que los acuerdos con el fondo son incompatibles con la democracia.
Verdú recuerda un acampe que se realizó durante una semana en 2004 para pedir la liberación de decenas de personas encarceladas por participar en protestas contra el FMI, y contra su exdirector Rodrigo Rato, quien más tarde fue encarcelado por 4 años y medio por malversación de fondos, y quien también fue nombrado en el caso de los Panamá Papers—. También hubo muchos arrestos en medio de las protestas contra el presupuesto del 2018, año en el que se acordó el más reciente préstamo con el FMI.
Hasta este momento, los abogados defensores están apelando las prisiones preventivas. Verdú señaló a Pirate Wire Services que la mayoría de presos en Argentina están detenidos sin condena firme. Estas personas no tienen derecho a una reparación, incluso si son declarados inocentes o si se les otorga una sentencia más corta que el tiempo que ya han cumplido. En tanto, Alderete cree que Carrero está en la cárcel ahora solo porque estaba al frente de la marcha y tuvo la mala suerte de ser identificado.
Aún no es del todo claro lo que sucedió ese jueves en la plaza del Congreso: si la oficina de la vicepresidenta fue un blanco específico, de quién y qué es lo que sucederá a partir de esto. Sin embargo, el estado argentino está enviando un claro mensaje: que no le temblará la mano a la hora de sacrificar a los manifestantes para defender su acuerdo con el FMI.
Traducción por Paulo Rosas Chávez