¿Por qué continúan impunes la mayoría de crímenes sexuales contra niños y adolescentes en Colombia?
La falta de coordinación y de voluntad política permite la impunidad de los abusadores
Esta semana nos complace dar la bienvenida de nuevo a Adriaan Alsema, editor ejecutivo de Colombia Reports.
Los niños y padres que buscan justicia por delitos sexuales suelen ser revictimizados múltiples veces debido a la falta de coordinación entre los organismos y empleados del gobierno, por ejemplo, fiscales y trabajadores sociales. El gobierno y las autoridades judiciales de Colombia no han aplicado políticas para reducir la violencia sexual generalizada contra los niños, una práctica que sistemáticamente no protege a los niños e incentiva a sus agresores.
Durante décadas, el gobierno ha omitido implementar estrategias que permitieran a funcionarios, académicos o activistas recopilar los datos necesarios para trazar un panorama preciso del abuso y la explotación infantil. En consecuencia, un gran número de víctimas abandonan su búsqueda de justicia, que en algunos casos puede llevar más de una década, afirmó la secretaria ejecutiva de la ONG Alianza por Los Niños, Angélica Cuenca.
¿Qué tan grave es la situación?
Entre 2018 y 2023, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses examinó a 119.324 niños y menores presuntamente víctimas de violencia sexual.
En un informe publicado en diciembre del año pasado, la oenegé Alianza por los Niños afirmaba que más de tres cuartas partes de los casos de violencia sexual denunciados en 2021 se produjeron en el domicilio del menor. En más de la mitad de los casos, los presuntos autores eran familiares de la víctima.
Impunidad de la violencia sexual contra los niños
Según la base de datos de víctimas de la Fiscalía, desde 2018 solo 1.389 personas han sido condenadas por violencia sexual contra menores de edad. Esto es menos del dos por ciento de los niños examinados por profesionales médicos debido a presunta violencia sexual en el mismo período. Es probable que el número real de víctimas sea mucho mayor que el registro oficial, ya que por diferentes motivos no se denuncian todos los casos de violencia sexual. Esto es, especialmente, problemático en las zonas en las que las autoridades estatales han estado históricamente ausentes.
La falta de articulación estatal
La cifra real de cuántos niños y niñas han sido víctimas de abuso sexual es una incógnita, pues la información que recopilan las autoridades es incompleta y rara vez se comparte entre las entidades, según alerta Alianza Por Las Víctimas. Por ejemplo, el número de menores de edad víctimas de violencia sexual atendidos por el Bienestar Familiar (ICBF) entre 2017 y 2022 es la mitad de las víctimas registradas por la Fiscalía, destacó la ONG en su informe de diciembre.
Esta falta de comunicación entre las múltiples instituciones agudiza la impunidad de los agresores. En muchos casos, las víctimas abandonan su búsqueda de justicia porque tienen que repetir varias veces su relato de los delitos sexuales presuntamente cometidos. Otro problema importante es el tiempo que tardan en responder la policía o el poder judicial.
Los informes de Alianza por la Niñez y de la Defensoría del Pueblo muestran que la Fiscalía en algunos casos necesita más de una década para llamar a juicio a un presunto abusador de menores. Según Cuencas, a menudo las víctimas son sacadas de sus casas por familiares o amigos debido al tiempo que se tarda en imponer medidas oficiales de protección que mantengan alejado a su presunto victimario.
A pesar de las reiteradas alertas a las autoridades aún no han presentado reformas que permitan un enfoque eficaz para prevenir o perseguir la violencia sexual contra los niños. Un ejemplo de ese triste panorama se presentó hace poco en Medellín, Antioquia, cuando Timothy Alan Livingston, de 36 años y de nacionalidad estadounidense, fue encontrado en una habitación de hotel con dos niños, inspiró una oleada de indignación generalizada en Colombia.
Livingston huyó del país antes de que pudieran presentarse cargos contra él. Y se une así a una larga lista de presuntos pederastas que han descubierto la impunidad de sus delitos. El presidente Gustavo Petro ha solicitado su extradición. Medellín necesita abordar el turismo sexual en el país, que es un problema real.
Si Colombia quiere realmente proteger a los niños víctimas de abusos sexuales, necesita una mejor coordinación y transparencia entre los organismos gubernamentales, fiscales que investiguen a las víctimas en lugar de ignorarlas y un análisis más profundo de las cifras, que muestran que los abusos a menores tienen muchas más probabilidades de producirse dentro de la familia que a manos de un extraño.