¿Puede un nuevo consejo de funcionarios no elegidos reconstruir un país roto? ¿O son más de lo mismo?
¿Puede un nuevo consejo de funcionarios no elegidos reconstruir un país roto? ¿O son más de lo mismo?
Haití tiene un nuevo gobierno. Pero, al igual que muchos anteriores, no representa a los haitianos.
Haití, bajo presión internacional y en medio del colapso político, nombró un nuevo consejo de transición, que eligió a otro primer ministro no electo. Ariel Henry, que tampoco había sido electo para ese cargo, se vio obligado a dimitir y permanece exiliado en Costa Rica. Ahora, el nuevo consejo se enfrenta a una serie de obstáculos para poder gobernar, entre los que destaca la falta de representación popular.
Y aunque se trata de un órgano nuevo, la mayoría de sus miembros han detentado cierto grado de poder en Haití en los últimos años.
Un grupo de caras no tan nuevas toma el poder
Entre aplausos, sonrisas y un brindis con champán, los nueve miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití juraron sus cargos en Puerto Príncipe el 25 de abril.
La ceremonia de juramentación debía realizarse en el Palacio Nacional, pero tuvo que llevarse a cabo en la oficina del primer ministro, conocida como Villa d'Accueil, en las afueras de Puerto Príncipe. ¿El motivo? Los alrededores de la sede del gobierno, como gran parte del territorio de la capital haitiana, están controlados por bandas y no por las fuerzas de seguridad.
Haití, el país más pobre del continente según el Banco Mundial, lleva sumido en crisis políticas desde su nacimiento en 1804. La inestabilidad es la marca de fábrica de una nación que vivió la invasión estadounidense en 1915 y las brutales dictaduras de François ‘Papa Doc’ Duvalier y su hijo, Jean-Claude, apodado ‘Baby Doc’, entre 1957 y 1986.
Las bandas que imperan hoy en el país son una especie de herencia del régimen de Duvalier. Para evitar la injerencia de las Fuerzas Armadas, ‘Papa Doc’ creó los ‘tonton macoutes’, una fuerza paramilitar personal cuyos objetivos eran aterrorizar a la población y perseguir a los opositores políticos.
Hoy, la cara pública más famosa de estos grupos armados, si no la más poderosa, es el ex policía Jimmy Chérizier, conocido como ‘Barbecue’ y líder de la banda G-9 y Familia. También es la cabeza visible de Viv Ansanm, la coalición que controla la mayor parte de Puerto Príncipe.
“O nos sentamos todos alrededor de la mesa, o la mesa será destruida con todos nosotros”, afirmó en declaraciones públicas tras la constitución del consejo.
Entre el 30 de abril y el 1 de mayo juraron sus cargos el presidente del CPT, Edgard Leblanc Fils, y el nuevo primer ministro, Fritz Belizaire. Días después, en respuesta, las pandillas sitiaron diversos barrios de la capital, incendiaron casas de residentes inocentes y se enfrentaron a las fuerzas policiales.
La violencia como vida cotidiana
“Yo defino Puerto Príncipe como 'calma tensa'. Muchos aquí dicen que el país nunca había estado en una crisis tan grave como ésta. Pero la violencia ya se ha normalizado en el país”, afirma Sandrine Exil, periodista colombo-haitiana.
Exil llegó a Puerto Príncipe a mediados de marzo para cubrir la situación del país, “pero hubo días en los que no podía salir a trabajar porque podía quedar atrapada en el centro de la ciudad”, cuenta a PWS.
"La gente no sabe si volverá a sus casas al final del día. Viven en la incertidumbre. Viven, duermen y trabajan entre sonidos de disparos, lo que también ha creado un enorme problema de salud mental."
Sandrine se aloja en la casa de su abuelo y admite que si bien “para nosotros, como extranjeros, esta violencia ha llegado a impresionarnos”, siente que cada vez más haitianos “están aprendiendo a vivir con ella”.
“Viven en piloto automático y tienen una capacidad de supervivencia impresionante. Saben más o menos por dónde se puede andar y por dónde no”, relata. “El problema realmente son los enfrentamientos”, batallas entre bandas que luchan por el territorio.
“Se engrosan las listas de muertes pero la vida continúa. La gente pierde sus casas pero tienen que seguir manteniendo y alimentando a familias numerosas”, lamenta. “La escasez alimentaria se vuelve también un problema”, ya que “así la gente tenga plata, el país lleva cerrado mucho tiempo y el 70% de los productos de una canasta básica familiar son importados” en lugar de producidos localmente.
Incluso tareas tan sencillas como ir a trabajar se han convertido en amenazas existenciales. “La gente no sabe si va a volver a su casa al final del día. Viven en la incertidumbre. Viven, duermen y trabajan entre sonidos de disparos, lo que también ha creado un enorme problema de salud mental”, afirmó.
Entre el 8 de marzo y el 9 de abril, unas 95.000 personas, entre ellas más de 19.300 niños y adolescentes, huyeron de sus hogares en la capital y sus alrededores en medio de continuos tiroteos entre bandas y fuerzas de seguridad.
¿Acción sin representación?
Robenson Glésile es un activista haitiano y defensor de los derechos humanos. Llegó a Rosario (Argentina) en 2011, tras el terrible terremoto que sacudió su país. A la distancia, pero en contacto diario con su familia en Puerto Príncipe, desconfía de lo que pueda lograr la CPT en un contexto social tan dividido.
“Hay la sensación de que los haitianos no pueden dirigirse, esa es la imagen que están proyectando los dirigentes”, afirma, haciendo hincapié en los pésimos resultados obtenidos en los últimos años por la clase política tradicional, aliada con Estados Unidos y la comunidad internacional.
Él forma parte de una de las mayores diásporas en el continente. Una diáspora que, reconoce, se alimenta en parte de la idea de dejar atrás un país inviable. “A veces te cruzas con haitianos y no quieren hablar, no quieren saber nada. Si tienen familia, hablan con ellos, pero no se informan más. Hay una vergüenza de hablar de Haití, prefieren hablar de otra cosa, de otra vida”, dice.
Esta apatía política, explica, lleva a muchos comentaristas a “proponer soluciones fáciles, como instalar un dictador o matar a las bandas”.
“La política en Haití es muy violenta, pero reemplazar la violencia con violencia no sirve”, subraya, y lo repite para asegurarse de que se entienda: “No funciona”.
A partir de ello, duda que la CPT, que está considerando la posibilidad de negociar con grupos armados, tenga mucho éxito llegando a un acuerdo. “Negociar con las pandillas no es una opción. Es dar legitimidad a la violencia, porque no son grupos que estén reclamando algo, son grupos que tienen que pagar por lo que han hecho: violar mujeres, matar montones de personas. ¿Cómo vas a negociar con alguien así?”, se pregunta.
Glésile considera que el CPT está formado por “las mismas caras de siempre”, que han gobernado Haití durante mucho tiempo y que carecen de toda legitimidad electoral. “Siempre digo que la alternativa sería crear algo diferente, que no tenga nada que ver con los que ya fracasaron. Se necesita gente nueva, a la juventud, pero no veo la chispa de un grupo nuevo con propuestas”, dijo.
Sandrine, por su parte, cree que “en el CPT no hay una representación clara ni dinámica del haitiano del día a día”, y que “sin esa inclusión no se puede llegar ni siquiera a crear una mesa de negociación con las pandillas”.
“[Los miembros del CPT] pertenecen todos a partidos políticos del país, han sido senadores o ministros en gobiernos anteriores”, dice. “No fueron elegidos democráticamente por los haitianos como representantes”.
“La población, la sociedad civil e incluso las pandillas han pedido a gritos una solución haitiana para los haitianos”, señala Exil, añadiendo que parte de los haitianos perciben el CPT como una forma de intervención de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y otras fuerzas extranjeras.
Ambos coinciden en la importancia de recuperar la seguridad en el país y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. “Tienen que crear un clima de seguridad y también pensar en cómo organizar las elecciones. Pero sé que estoy pidiendo mucho a esa clase política”, concluye Glésile.
